Por Marco Lara.- La primera vez que leí la siguiente frase de Elfriede Jelinek se me hizo descabellada: «Un hombre que descuartiza cuidadosamente a su cónyuge y a sus hijos y los guarda en la nevera para devorarlos poco a poco no es más salvaje que el periódico que lo publica como noticia» [La pianista, 2001]. Hoy la encuentro certera ―y lo digo con la parte de vergüenza que me toca siendo miembro del gremio de periodistas policiales y judiciales.
La madrugada del 15 de mayo [2014] dos jóvenes que recién terminaban su ardua jornada laboral sufrieron camino a sus casas un brutal accidente automovilístico en la Delegación Iztacalco [Ciudad de México] que les costó la vida.
¿Cómo lo informamos los periodistas? Veamos estos encabezados: «Juego sexual en automóvil mata a pareja»; «Muere pareja por realizar juegos sexuales al conducir»; «Muere pareja en accidente, ella con la blusa desabotonada, él con los pantalones abajo»; «Pareja muere en accidente vial por realizar juegos sexuales»; «Juego sexual termina en tragedia: pareja muere en choque»; «Muere pareja por realizar juegos sexuales» o «Muere pareja en accidente tras juego erótico en el auto».
Y este sumario: «Una de las primeras hipótesis de la Policía investigadora es que realizaban juegos sexuales cuando circulaban sobre Francisco del Paso y Troncoso». O la siguiente fotografía, bajo el titular «¡Pobres chavos!», donde ella aparece desnuda ―y que obviamente distorsioné―:
Expondré algunas causas estructurales de esta manera peculiar de [des]informar:
1. La industria noticiosa carece de ingenierías de procesos editoriales que le permitan informar sobre las violencias con respeto a los derechos humanos de las víctimas y a la legalidad.
2. Los miembros de la policía, el ministerio público y los servicios periciales ―y en ocasiones, de los cuerpos de socorristas y bomberos―, obligados a salvaguardar tales derechos y respetar la ley, los violan: a) Dándonos a los periodistas información reservada y en muchos casos especulativa, como si fuera veraz; b) propiciando que lleguemos incluso antes que ellos a la escena de los hechos; o c) dándonos acceso a la escena sin importar que la alteremos y vejemos a las víctimas.
3. Estas prácticas de complicidad entre funcionarios y periodistas incluyen el tráfico ilegal de equipos de radiofrecuencia y códigos, de modo que nosotros podamos escuchar las comunicaciones oficiales y llegar a la escena antes que cualquier autoridad.
4. Aunque la mayoría poseemos estudios universitarios, de manera descarnada los periodistas llamamos a la información derivada de este tipo de sucesos «carnitas». Esto nos permite cubrir la cuota de maquila diaria de notas que nos exigen nuestros medios.
5. Los medios «empaquetan» y «venden» profusamente las «carnitas».
6. El orden legal padece lagunas sobre la protección del Estado a las víctimas. La Ley General de Víctimas [artículos 1, 2 y 115] y específicamente la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal [artículos 1 a 3] prevén la responsabilización de servidores públicos que revictimicen a quienes sufren delitos o violencia, como en el accidente que nos ocupa, pero nadie dentro o fuera de las instituciones parece interesado en que esta responsabilización surta efecto.
7. El grueso del público más bien se entretiene con las «carnitas», presenciando con avidez cómo se veja y denigra desde los medios a miembros de nuestra comunidad.
8. Es generalizada la idea de que «nota roja» es lo mismo que periodismo policial y judicial profesional, aunque no son lo mismo: los contenidos antes citados se enmarcan en el anacrónico frame de la «nota roja», con sus enfoques y prácticas del siglo XIX. El periodismo profesional tiene otros enfoques, prácticas y modos.
¿Un ejemplo? Revise el contenido de Ricardo Moya, de Reforma, y el enfoque editorial de dicho diario, bajo el encabezado: «Muere pareja tras choque en Iztacalco»: a) Se abstiene de especular sobre las causas del accidente, asumiendo tácitamente que recién ocurrido no es posible disponer de información concluyente; b) no revela las identidades y otros datos personales de las víctimas ―aunque ciertamente aclara que no los había recibido―; c) se circunscribe a hechos constatables, y d) se limita a publicar una fotografía panorámica que no compromete derechos de las víctimas. ¿Nota la diferencia?
Claro, esta es apenas una ―esperanzadora― excepción, pero en general si los periodistas y los medios fuéramos honestos y transparentes con nuestra comunidad, tendríamos que «venderle» las noticias con este cínico eslogan: «Si usted o alguien de su familia sufre una tragedia, le garantizamos que l@s exhibiremos públicamente. ¡Garantizado!».
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