Chihuahua.- El ex alcalde Marco Quezada fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el accidente registrado el cinco de octubre de 2013, durante el Extremo Aeroshow. Si bien no se dice que sea un homicida como él mismo ha salido a defenderse, la Comisión le adjudica responsabilidad por omisión.
Esta denuncia va también contra el anterior subdirector de Gobernación Javier Torres Cardona; ex subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil Guillermo Ávila; el ex secretario municipal Fernando Rodríguez, el anterior tesorero municipal Ildelfonso Sepúlveda; el ex director de Desarrollo Empresarial y Turístico del Municipio Fernando Tiscareño; el anterior oficial mayor Juan Cinco; y el anterior presidente de la Comisión de Regidores de Hacienda del Municipio Juan Manuel Funtecilla, por su omisión para realizar el Extremo Aeroshow 2013, que derivó en la muerte de nueve personas.
En su recomendación 12/2014 la Comisión explica muy claramente en dónde estuvieron las fallas de los involucrados, resaltando que no hubo ni licitación para el espectáculo ni la supervisión suficiente por parte de ninguno de los encargados.
A la autoridad municipal, así le señala de manera general, le adjudica el no haber verificado que la asociación tuviera los medios suficientes para cumplir a cabalidad con el servicio requerido, por lo que el alcalde en este entonces en tanto representante legal del Ayuntamiento, obligó al municipio a realizar una transferencia de recursos públicos sin ceñirse a la legislación aplicable y obligatoria para esos efectos, lo que se traduce en una violación de la ley por su parte; además de no haberse coordinado con la Unidad Estatal de Protección Civil para vigilar e inspeccionar el cumplimiento de los lineamientos en materia de protección civil cayendo con ello en la omisión.
El anterior subdirector de Gobernación Municipal Javier Torres no sólo autorizó la venta de cerveza como le solicitó la asociación en un documento sino todo el evento en general sin tener la certeza de que se habrían cumplido los lineamientos del Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para el municipio de Chihuahua; y otorgó pues el permiso ES-11093 para la realización del espectáculo, sin condicionar a la observancia de los lineamientos en materia de espectáculos públicos y protección civil.
El dictamen detalla que el jefe del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil Guillermo Ávila, no sólo no ordenó la práctica de inspecciones a fin de vigilar el cumplimento de las disposiciones que en materia de protección civil señala el Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Chihuahua y la Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua, sino que sin haberlo hecho estuvo de acuerdo en dar “la conformidad” para que el espectáculo se realizara y autorizó el tristemente célebre evento de “Demolition show” diez días antes de que se instalara incluso la pista para ello; así pues dejó la tarea de inspección y vigilancia al arbitrio de quienes prestaban sus servicios dentro del espectáculo.
Por su parte, el anterior coordinador operativo de la Unidad de Protección Civil José Luis Domínguez, señaló haber inspeccionado la pista, no los autos, del “Demolition Show” personalmente, y refirió que no encontró ninguna observación que manifestar a los organizadores ya que todo “se encontraba en su lugar”; además de no asignar a personal capacitado al lugar y momento de la exhibición de la Troca monstruo.
Los mismos encargados de Protección Civil no tenían ningún plan de protección o contingencia antes ni durante el espectáculo, porque no existen lineamientos específicos para este tipo de eventos “extremos”, como tampoco un plan de contingencia en particular para estos casos, ni mucho menos capacitación para saber cómo actuar.
El anterior secretario del Ayuntamiento Fernando Rodríguez no dijo nada cuando el coordinador operativo de Protección Civil del Municipio, el mismo Domínguez, no supo darle copias ni razón de las reuniones necesarias y establecidas, entre personal de esa dependencia y miembros de la asociación para la planeación y organización de las medidas de seguridad que se implementarían en el “Extremo Aero Show 2013”.
El análisis de la Comisión concluye que el permiso ES-11093 fue otorgado para la realización del espectáculo, a pesar de que no se contó con el informe realizado por peritos autorizados respecto a los vehículos, ni se acreditó que el evento cumpliera las condiciones de seguridad ni con el número de elementos de seguridad pública que la misma Subdirección de Gobernación Municipal debió considerar conveniente; además, ya en el momento del show de las trocas monstruo nadie fue capaz de cancelar el evento a pesar de no haber espacio adecuado para el público, no contar con barreras de protección y delimitadoras entre el público, la pista y la zona de amortiguación de saltos, y existir un buen número de personas ubicadas prácticamente en la pista; no había guardas adecuadas de protección frente a las gradas; no se señalizó el área de “staff” como área de acceso restringido; no se colocaron señalamientos y en las áreas laterales de las gradas del público no existieron medidas de seguridad para evitar la aglomeración.
Por ello es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Raúl Plascencia Villanueva, denunció penalmente a estos siete funcionarios de la anterior administración al considerar que actuaron de forma negligente, al no dotar seguridad en un acto eminentemente peligroso que conlleva un riesgo tanto para el piloto como para los espectadores, y su omisión de dictar y vigilar la existencia de medidas de seguridad adecuadas a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de quienes ahí se encontraban, trajo como consecuencia la muerte de nueve personas y el atentado a la integridad personal de otras 58, lo que pudo haberse evitado si todos los involucrados hubieran realizado su labor con responsabilidad.