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| Foto: Octavio Romero |
Chihuahua, Chih.- Durante décadas, el pueblo rarámuri, uno de los grupos étnicos más grandes dentro del estado de Chihuahua, al noroeste de México, ha buscado mejores condiciones de vida y ha tenido que crear una dinámica migratoria interna para ello. No ha sido nada sencillo, menos para las mujeres, que enfrentan obstáculos adicionales. En este texto explicamos cuáles son los retos y el entorno que viven, pero sobre todo, pondremos foco a aquellas mujeres que ya están transformando sus vidas.
El estado de Chihuahua, al noroeste de México, es un mosaico de contrastes. Fue elegido para la llegada de españoles con tropas de conquistadores, de alemanes y canadienses con los menonitas, y de estadounidenses con los mormones, que, a diferencia de los migrantes internos, han logrado establecerse en el estado, conservando incluso sus propias reglas y formas de vida, religión y economía. Los grupos indígenas no han corrido con la misma suerte.
En el estado existen cuatro pueblos originarios ódami o Tepehuanes, o’óba o Pimas, ralámuli o Rarámuris y warijó o Guarojios, siendo el rarámuri el más grande. Este se ubica en al menos 17 municipios situados principalmente en la Sierra Tarahumara. Estos pueblos comparten tradiciones como su forma de gobierno, la estructura de familias nucleares, la práctica de la agricultura y de lo que se conoce como “tesgüinada”, fiesta en la que, además de predominar esta bebida, los jóvenes asisten a una especie de ritual tras el que pueden comenzar su vida adulta. También comparten el tener que migrar a las ciudades en la búsqueda de mejores condiciones de vida.
Obtener otras condiciones de vida no es sencillo. Las mujeres rarámuris lo saben porque han tenido que afrontar obstáculos adicionales y, muchas de ellas, han tenido que adaptarse a la vida en asentamientos urbanos en donde las casas son pequeñas, de madera con techos de cartón, muy diferentes a las que hay en sus comunidades. En estos espacios “viven hasta diez personas, pero en la Sierra no hay recursos, no hay empleos, y si los hay no hay para todos. Por eso estamos aquí, por una necesidad fuerte”, dice Mariela Bustillos, intérprete y artesana rarámuri.
Estas mujeres no se han rendido. Varias de ellas actualmente se han colocado en lugares estratégicos desde la sociedad civil y la participación política en Chihuahua, y se han ido erigiendo como un ejemplo, como un punto de fortaleza y apoyo para otras.
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| Foto: Flora Chacón |
EL PUEBLO RARÁMURI ENTRE LA MIGRACIÓN Y LOS ASENTAMIENTOS
El pueblo rarámuri habita la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora. Comparte territorio con los tepehuanes, pimas, guarojíos y mestizos. Suelen vivir de manera dispersa en rancherías y pueblos en los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos, Balleza, Guachochi, Batopilas, Urique, Guazapares, Moris, Uruachi, Chínipas, Maguarichi, Bocoyna, Nonoava, Carichí, Ocampo, Guerrero y Temósachic. Entre las principales causas de su migración están cuestiones familiares y laborales.
Otros factores que motivan su migración tienen que ver con que los habitantes de la Sierra Tarahumara deben sortear no solo la falta de empleo y alimento debido al suelo hostil que no les permite contar con un ciclo agrícola garantizado para poder subsistir, sino que sus pobladores son asolados por la tala ilegal, los intentos de despojo y hasta el crimen organizado, ante la falta de atención y protección de gobiernos locales, municipales y estatal.
No son pocos los activistas indígenas que han sido asesinados, incluso pertenecientes a la misma familia, como pasó con los Baldenegro; tres de sus integrantes fueron asesinados en distintos años (1986, 2017 y 2022) por manifestarse y actuar contra el tráfico ilegal de madera, pero esto no impide que las familias continúen con la protección de los bosques.
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| Fuente: Atlas de los pueblos indígenas de México |
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| Foto Octavio Romero |
A diferencia de otros grupos migrantes que habitan en Chihuahua, las etnias indígenas no han logrado un desarrollo óptimo de sus comunidades y se mantienen en asentamientos. A decir de los investigadores Nelson Solorio y Jesús Trujillo en su artículo “Historia de cuatro asentamientos rarámuri de la ciudad de Chihuahua”, se le llama así a cualquier espacio habitado por personas indígenas en las ciudades, por lo que es posible ver lo mismo colonias enteras habitadas por rarámuris, que un solo edificio con casitas, un conjunto habitacional bardeado, vecindades o barrios, sin importar las características propias del lugar, sino únicamente que sirve para diferenciarles de los “chabochis” como llaman a las personas mestizas.
De acuerdo con Marco Vinicio Morales en su texto “Género y etnicidad rarámuri en la ciudad de Chihuahua”, el inicio de la migración rarámuri se gestó hacia las ciudades a finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que entonces habrían comenzado a establecerse los primeros asentamientos en ese periodo de tiempo.
Según Morales, los grupos rarámuris que se han asentado en las ciudades no han logrado fincar una extensión de sus lugares de origen al mantener relaciones horizontales de interpersonalidad, en las que tanto respetan la individualidad de cada integrante como no se han preocupado por demandar atención y solución a los problemas que enfrentan en los asentamientos, ni han sabido organizarse, como si lo hacen en sus comunidades.
Y es que algunos asentamientos se asemejan a una colonia deshabitada, donde es común ver cuartitos hechizos de lámina con apenas lo necesario. Otros fungen como una especie de fraccionamiento cerrado con casas y pisos de concreto, todo lo contrario a como se acostumbra vivir en la zona serrana del estado, en casas de adobe que es un material térmico y pisos de tierra, donde las personas pueden preparar una fogata para calentar su hogar, por ejemplo.
A decir de la regidora indígena Graciela Rojas Carrillo, actualmente hay 18 asentamientos instalados de manera formal en la ciudad de Chihuahua, la mayoría de ellos en la periferia. Hay otros tres que empiezan a formarse, en los que “desde hace años la situación es la misma en estos espacios, problemas de los servicios básicos y las adicciones”, dice Rojas. La artesana e intérprete Mariela Bustillos agrega que “las viviendas en su mayoría son de madera, nos hace falta el agua, la luz, los niños no reciben educación”.
La atención a las condiciones de los asentamientos no ha sido prioridad en términos de política pública. En diciembre de 2013 el entonces gobernador del estado César Duarte, y el alcalde de la capital Javier Garfio, acudieron al asentamiento ubicado en la colonia Ladrilleras del Norte, para entregar pollos crudos, frijoles y pan integral. No ofrecieron instalar el agua potable, promover empleos o mejorar las casas de cartón, pero sí hablaron del cliché navideño favorito de los gobiernos: la unidad familiar y la esperanza en los hogares. Duarte jamás regresó a aquella colonia y su sucesor, Javier Corral, solo reportó haber entregado apoyos en mayo de 2020. Si bien Corral no prometió algo, tampoco cumplió sus promesas de campaña sobre aumentar los apoyos a las etnias, crear más fuentes de trabajo y dotar de más recursos a los municipios.
De hecho, el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señala que en el estado de Chihuahua no se encontraron intervenciones orientadas a atender a la población indígena; esto debido a que la población indígena en la entidad representa apenas el 2.5 por ciento del total de habitantes del estado, y el mayor apoyo se va a otros grupos como personas adultas mayores y con discapacidad, infantes y mujeres, en ese orden.
Actualmente, las y los rarámuris en los asentamientos esperan ver cumplidas las promesas de campaña de la gobernadora en turno, María Eugenia Campos, quien al inicio de su gestión colocó al frente de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas a una persona que se dijo no tenía conocimiento ni experiencia en derechos indígenas, a pesar de las protestas de organizaciones y representantes de las etnias originarias.
POBREZA, DISCRIMINACIÓN Y OTROS PROBLEMAS
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| Foto Octavio Romero |
Según datos del gobierno del estado de Chihuahua, en septiembre de 2019 había más de 70 mil mujeres indígenas en la entidad. Muchas de ellas son el sostén de su hogar, para ello realizan distintas actividades como la elaboración de artesanías y canastas de palma, labores domésticas en otras casas o negocios así como la práctica de la herbolaria y la curación, esto sin dejar de atender sus actividades como amas de casa y como madres. La mayor parte de ellas no tienen oportunidad de acceder a educación o capacitación porque en la sierra se carece de esas opciones.
Estas mujeres son también el pilar moral de la familia. Insertas en su mundo espiritual conservan y promueven rituales ancestrales para que la vida siga su curso: como bailar para que llueva, como tomar tesgüino para poder trabajar o hacerse cargo de elaborar el llamado “tónare”, una especie de caldo sin sal al que han echado casi siempre pollos completos, y que luego de toda una noche ofrecen a su dios, llamado Onorúame.
Por eso, las rarámuris viven en contraposición con las personas mestizas, que llaman “chabochis”, quienes representan todo lo contrario a su forma de concebir el mundo, como lo recoge la investigadora Claudia Molinari en su artículo "Tarahumaras de Chihuahua" en el que explica que “la identidad étnica rarámuri se establece por oposición a los ‘blancos’ o ‘mestizos’”. Para la propia etnia, ser rarámuri significa “hacer bien las cosas de la vida, tal como a Dios le gusta; significa pensarse como los habitantes de la orilla del mundo; ser diferente y particular, étnicamente distinto de los mestizos (a los que llaman ‘chabochis’), que constantemente desagradan a Dios y son, por definición, ‘hijos del Diablo’”. Y como parte de su cosmovisión y estilo de vida, el hecho de migrar es para algunos una actividad especial, que realizan únicamente cuando el tiempo es propicio para ello, y luego regresan a casa. Para otros más, significa la posibilidad de buscar mejores oportunidades de vida.
Son estas condiciones de las que habla también Mariela Bustillos cuando aborda las principales causas de la migración: “se vienen pensando que acá está más fácil y van a conseguirlo [empleo] pronto, pero el estar aquí es un esfuerzo más que nada”. En su caso, fue la violencia de su pareja hacia ella y sus hijos la que la orilló a salir de su lugar de origen en la comunidad de Papajichi, Norogachi, para buscar un mejor porvenir en la capital del estado.
Pero el panorama que se encuentran las y los rarámuris que migran es totalmente diferente a lo que desde sus comunidades creían. Así lo explica la regidora indígena de Chihuahua, Graciela Rojas Carrillo, quien dejó su comunidad en La Mesa de Arturo para poder continuar sus estudios: “sufrí mucho cuando estuve aquí los primeros semestres porque sí es un gran cambio de una población pequeña a una gran ciudad y cosas que parecen básicas, como cruzar la calle, no las sabía, pero siempre hay que preguntar no quedarse con las dudas o las ganas de aprender”.
Para Bustillos esto es parte de los retos a los que se enfrentan al emigrar a la ciudad por ejemplo “a veces no se conoce la ciudad y la gente de la ciudad lo voltea a ver a uno con miradas extrañas. Para usar el transporte o para ubicarte donde estás, es difícil. También en la ciudad todo se marca por horarios o tiempos con un reloj o un teléfono y en la sierra nos basamos en el sol. Allá en el rancho se decide qué tamaño de casa hacer, por ejemplo, y aquí nos las hacen como ellos piensan que está bien y a veces no es correcto. En la ciudad hay que ir al súper y en la sierra todo lo cocinamos con leña”.
En Chihuahua, según el Coneval, el 25.6 por ciento de la población vive en pobreza y el 2.9 en pobreza extrema, siendo al menos 130 mil pertenecientes a alguna etnia indígena, que se dividen en más de 100 mil personas indígenas viviendo en situación de pobreza y 28 mil 600 en pobreza extrema.
Al igual que sus pares mestizas, las mujeres indígenas sumidas en la pobreza sufren por encontrar empleos dignos, como lo señala la directora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, CAMT, Martha González Rentería: “las mujeres indígenas enfrentan el primer obstáculo al no estar capacitadas o no haber accedido a una educación […] sabemos bien que cuando algunas insertan a lo laboral muchas sufren discriminación y violación a sus derechos humanos, muchas trabajan en lo doméstico y sufren estas violaciones, no tienen seguridad social y sufren maltratos, así como bajos salarios. Además, no hay suficientes guarderías con enfoque de interculturalidad, por ejemplo, además de tener que trabajar tienen el problema de dónde dejar a sus hijos”.
Consciente de esta situación, González Rentería comparte que el centro a su cargo tiene cerca de 20 años acompañando “diversos procesos de planeación de mujeres indígenas, como la casa de mujeres en Bocoyna o para constituirse en una situación civil. Hemos estado muy pendientes cuando nos solicitan una capacitación en temas de violencia o derechos humanos, sexuales y reproductivos, y ahora podemos decir que casi todas las mujeres indígenas de Creel y Bocoyna, por ejemplo, son mujeres formadas en estos temas, no para la atención terapéutica, pero sí para la orientación, canalización y acompañamiento”.
MUJERES RARÁMURIS QUE TRANSFORMAN VIDAS
Enedina Rivas Ramírez
En uno de los municipios favoritos para el turismo por sus atractivos naturales como lagos, formaciones rocosas y paisajes verdes:
Creel, nació Enedina Rivas. Ella es enfermera de profesión y es también coordinadora y fundadora de la Casa de la Mujer Indígena en Bocoyna, un lugar donde se da refugio a otras mujeres, “hacemos de abogadas, psicólogas y hasta parteras”, dice.
Enedina recuerda que ver la situación que enfrentaban otras mujeres la motivó a cambiar su vida. “Dejé mi trabajo porque veía a las mujeres golpeadas y quería ayudarlas, pero no sabía cómo, por eso me uní con estas 15 mujeres para fundar la Casa”, que fue llamada Muki Semate, que se traduce como “Mujer bonita” porque “la mujer que va ahí va triste, humillada, golpeada y ya cuando se le atiende, se le da contención, le platicamos dónde puede encontrar ayuda, sale con otra cara, ya sale bonita”, detalla.
Enedina aclara que no se trata de un albergue, sino de un lugar donde las mujeres pueden encontrar ayuda “ahí no tenemos psicólogos, ni médicos, ni abogados, tenemos solo nuestra experiencia y acompañamiento, porque algunas fuimos y somos gobernadoras indígenas y queremos ayudar a otras mujeres que puedan salir de su situación”.
En la casa cuentan apenas con lo básico para vivir, “son solo dos dormitorios, no tenemos más, pero por ejemplo, a las mujeres embarazadas les damos hospedaje y estamos atentas de sus citas, si ya van a parir y todo eso”. Enedina comparte que quisiera poder ayudar más a las mujeres indígenas que van a parir, que “se acondicionara un espacio para que las mujeres indígenas pudieran parir como se acostumbra en el campo: de pie y amarradas a una viga o un palo o un tubo y no una plancha donde tienen que estar pujando hasta que salga el bebé”.
Eso es parte de los retos del grupo al que pertenece Enedina. Siete de ellas andan en campo y ocho se mantienen en la casa para recibir a las mujeres. “Nos estamos capacitando para poder ayudar a las mujeres en temas como violencia de género, derechos de las mujeres indígenas, salud reproductiva, prevención en el noviazgo”, comparte.
Enedina comenta que en su trabajo no pretenden imponer a otras cómo deben vivir o qué deben hacer: “No vamos a ir a la comunidad a quitar alguna costumbre que tengan, no, somos respetuosas, porque aunque les demos información y hagamos dinámicas ellos se mantienen con su forma de ser particular, porque cada comunidad tiene su manera de organizarse y de ser”.
Como su intención siempre ha sido compartir con otras mujeres, tanto su experiencia de venir de una comunidad donde el silencio se impone a las mujeres, como sus conocimientos, Enedina buscó formar alianzas con otras habitantes de Bocoyna, Chihuahua y Guachochi, para crear la asociación civil “
Ke Tasi Na Koaga Perelbo” (“Vivir sin violencia” en español), en la que desde 2013 se trabaja en la defensa de los derechos. “Decidimos unirnos para tejer esta red y seguir sumando para capacitar a más mujeres. Ya no hay recurso, pero nos vamos a seguir juntando para seguir capacitando y ver cómo nos podemos ayudar, porque somos una red que está tejiendo esta alianza de apoyo a mujeres”. Enedina seguirá impulsando redes.
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| Foto tomada de la Web |
Ana Cely Palma Loya
Originaria de la comunidad de Norogachi, ubicada en el municipio de Guachochi, Ana Cely es intérprete en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, en el área de Transversalidad, Gestión y Articulación Institucional, pero también es escritora y activista cultural, artesana y hasta cocinera, fue
parte de una de las generaciones del famoso reality Master Chef.
Ana Cely dejó su hogar en Norogachi, que significa “Cerros redondos”, una de las comunidades más importantes de la Sierra Tarahumara, primero acompañando a su abuelo, Erasmo Palma Fernández, uno de los poetas y promotores culturales indígenas más importantes de Chihuahua, con quien llegó a
presentarse en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y luego buscando otras alternativas tanto como para salir adelante, como para poder desarrollar su actividad literaria.
Ana Cely ha enfrentado la discriminación, pero “mi cosmovisión no me permitía clavarme tanto, el saber quién soy y de dónde vengo, me hizo saber que cuando me discriminaban era hacerme sentir que yo estaba mal por el simple hecho de hablar un poco diferente, por vestirme diferente, por tener esta mentalidad más apegada a la naturaleza”, cuenta.
Por eso, ahora se dice segura, y como una manera de alertar a las demás mujeres que seguirán migrando a la ciudad, destaca que es importante “no desproteger a compañeras que se van a enfrentar solas en este proceso del camino. Ya uno va adquiriendo madurez y experiencia, pero no dejarlas solas. Concentrarnos en que queremos hacia dónde vamos, pero no olvidar de dónde venimos”.
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| Foto tomada de la Web |
Graciela Rojas Carrillo
Graciela Rojas es originaria de la comunidad Mesa de Arturo, ubicada en el municipio de Urique, donde según el
INEGI en 2020 solo había 103 personas, 60 de estas mujeres. Solo unas cuantas personas han acudido a la
escuela, Graciela es una de ellas, pero solo pudo estudiar la educación primaria ahí y tuvo que salir para terminar la educación media superior y para estudiar la carrera de Ingeniería en Ecología.
Graciela tiene 25 años y ya es la primera mujer indígena en ocupar un espacio en el Cabildo de Chihuahua, en el que a pesar de estar plasmado en los
Acuerdos de San Andrés y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
Artículo 2 fracción VII, se negó durante varias administraciones municipales el “conceder” este espacio, llegando incluso a negar que en la capital exista el suficiente número de población indígena como para tener un representante en una Regiduría.
Al principio, a Graciela la política no le llamaba la atención, pero cuando colaboraba con la casa de confección de ropa fundada por mujeres rarámuris Kusá conoció al entonces candidato a alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, y creyó que lo que compartía con ellas, como las clases de matemáticas, lectoescritura y ecología, podría ir a un proyecto más ambicioso. Por eso cuando el equipo de campaña de Bonilla comenzó a buscar a una persona indígena, ella aceptó la invitación para formar parte de la planilla y se dio cuenta de que “en esta postura puedes hacer mucho más por tu comunidad, por tu pueblo, y empecé a ver que podía velar por la comunidad y ser esa voz y a la vez un puente entre las comunidades indígenas y la población en general”, dice.
Graciela no pensó que podía llegar a ese puesto porque “era muy joven y acababa de salir de la universidad”, pero ahora está segura de que puede dejar un precedente que rompa “todo lo que se tenía anteriormente y es como una prueba de legalidad de nuestros derechos. Creo que estoy abriendo las puertas para otras personas que quieran hacerlo también, porque somos parte importante de la historia”. Por eso dice que entre sus objetivos está el que el cumplir con la ley se quede para siempre y en el futuro haya más personas indígenas representándoles en el Cabildo y en sí, en la estructura gubernamental.
Se dice segura de que “desde Cabildo estoy haciendo todo lo posible por representarlos bien, porque soy indígena y entiendo todo lo que hemos pasado, porque nosotros no vemos la vida de la misma manera y ahora me toca hacer mi trabajo en este espacio, ser un puente con la población indígena. Ahora mismo estoy trabajando con las gobernadoras y el gobernador de los asentamientos para buscar mejorar sus condiciones y que no se vea como que me pusieron aquí nada más para cumplir con cierta condición, sino que sí estoy haciendo mi trabajo”.
Como otras mujeres, Graciela también llegó a la capital buscando salir adelante “estudié lo que pude en mi comunidad, Mesa de Arturo, en el municipio de Urique, pero no me quería quedar en el rancho, no me quería quedar sin estudiar, y llegué a la capital buscando entrar a la Universidad, lo logré y estoy en trámites de titularme”, dice.
Para Graciela el cambio de la ciudad al campo fue muy fuerte, pasar de una población de 103 personas a un municipio donde viven 937 mil 674 personas, le significó una experiencia tremenda: “al principio fue incluso preguntarse desde ¿cómo cruzo la calle?, aquí además de gente, hay muchos autos, edificios, mucho de todo”.
Además de buscar posicionar los temas que le interesan, como el apoyo a cooperativas de mujeres que se dedican a la confección de ropa incluso para desfiles como Kusá o Bikya, también quiere poco a poco borrar esa idea que generalmente los “chabochis” tienen de las personas indígenas de que solo quieren dedicarse a pedir “kórima”, que en rarámuri significa compartir, pero que en las ciudades prácticamente lo traducen como “dame”. “Que no piensen que solo estamos pidiendo, porque podemos trabajar y aprender cosas nuevas, porque hay mucho prejuicio sobre el tarahumara de que realmente no trabajan porque solo le gusta pedir y no es así”, señala.
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| Foto: Flora Chacón |
Mariela Bustillos Pompa
También en Norogachi, y a poco más de 60 kilómetros de la barranca más extensa y profunda de Chihuahua, La
Sinforosa, se ubica la comunidad de Papajichi, de donde es originaria Mariela quien es intérprete, artesana e instructora. Ella salió de su comunidad obligada por la violencia que su esposo ejercía sobre ella y sus hijos. Esta situación también la ha llevado a esconder que es médica tradicional, que toca el violín y la guitarra.
También ha ocultado detalles de su vida por la violencia que sufrió en el lugar en el que vivía, ahí ella enfrentó indiferencia y señalamientos por parte de habitantes del pueblo; el Estado tampoco le atendió de forma adecuada cuando finalmente decidió interponer una denuncia. Por eso llegó a Chihuahua y se instaló en el asentamiento Napawika, que se encuentra muy a la orilla de la ciudad y donde falta todo en las viviendas de madera que la misma gente construyó.
Fue su misma experiencia lo que la llevó a apoyar a otras mujeres indígenas en situación de violencia porque “en su mayoría no hablan español”. Para Mariela, apoyar a otras mujeres significa un doble esfuerzo porque “en un juicio o investigación debemos entender los artículos o leyes de los que se habla y además traducirle a la persona, es decir, entender el texto primero en español y luego en rarámuri, lograr entender lo que dicta la sentencia y hacérselo saber a la persona”.
Basada en su experiencia como intérprete y además instructora de artesanías y medicina tradicional, Mariela dice que la migración indígena es muy difícil porque “a veces hasta la misma gente de uno le voltea a ver raro y al pedir información simplemente no te la dan”, dice recordando a personas que llegaron antes a la ciudad y se guardaron para sí los datos que pudieran compartir con sus iguales. “Aunque sean de la misma raza nos miran diferente”, lamenta.
A Mariela también le ha tocado sufrir discriminación por parte de gente mestiza, “hasta se encoge al subir uno al transporte público, como si trajera uno piojos. Sí es difícil vivir en la ciudad, pero con trabajos vamos saliendo adelante. También vemos personas que acuden a llevar un apoyo o que acuden a hacer alguna reparación en las casitas de madera que son más vulnerables cuando hace mucho viento, por ejemplo”, comparte.
Aun con todo, dice estar bien en la ciudad “en la Sierra no hay recursos ni empleo, ha habido programas como
Sembrando vida, que solo les tocó a algunos como a mí que tengo mi parcela de cultivo, pero no tengo ningún tipo de apoyo para hacerla crecer, y así como yo hay varias personas más. Pero la necesidad les mueve, se vienen pensando que acá es súper fácil y que van a conseguir el empleo y saldrán adelante”. Mariela, con un gran sentido de resiliencia, tiene consciencia de que “no puedo dejarme caer, tengo hijos y no puedo hacerlo”.
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| Foto: Flora Chacón |
Esto es parte de lo que la población rarámuri enfrenta, de lo que las mujeres rarámuris buscan transformar, ya sea al migrar a las ciudades o permanecer en sus comunidades de origen. Poco a poco van creando redes con otras mujeres para hacer frente a los obstáculos que la propia geografía les impone y que la omisión gubernamental les imprime. En esta búsqueda de mejores condiciones de vida no han renunciado a su forma de ver y concebir el mundo que les rodea, siguen apegadas a la naturaleza y a la fortaleza de su carácter.
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Esta historia se realizó en el programa Laboratorio de Historias Poderosas, una iniciativa de
Chicas Poderosas, una comunidad y organización internacional sin fines de lucro que busca fomentar el desarrollo de las mujeres y las personas LGBTTQI+ en los medios de comunicación y crear oportunidades para que más voces sean escuchadas. El Laboratorio recibió el apoyo de la Open Society Foundations. Los equipos seleccionados recibieron apoyo, participaron en talleres sobre periodismo feminista colaborativo y tuvieron un seguimiento editorial, de datos y de seguridad durante todo el proceso.
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