Chihuahua, Chih.- Con la participación de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit Irma Carmina Cortés y el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Luis Gustavo Parra, el Congreso del Estado realizó este miércoles el conversatorio “La Constitución como Garante de Legalidad, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Fiscalización” del Congreso del Estado realizado este miércoles en el Museo de Patrimonio Cultural Casa Chihuahua, como parte de la reforma integral que se lleva a cabo a la Constitución Política del Estado de Chihuahua.
Como primera participación, el auditor superior del Estado de Chihuahua Héctor Alberto Félix celebró que se contemple esta reforma porque podría subsanarse un escollo que actualmente tiene la legislación local, que es que las participaciones federales no se pueden fiscalizar, y hoy “más del 95 por ciento de los municipios de Chihuahua viven de estas participaciones y la auditoría local no podría tocarlos para ser revisados”.
Recordó además que antes de 2018 cuando se le otorgaron plenamente las facultades a la Auditoría Superior del Estado, que ya tenía desde 10 años antes, comenzó a hacerse una fiscalización puntual, quitándole la parte política como se hacía antes, debido a lo que “al menos de 2018 para atrás todas las cuentas públicas de los gobiernos se reportaban sin observaciones”.
Antes, el coordinador del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional Mario Vázquez dijo que “gracias al nuevo régimen de fiscalización el denunciante ha dejado de ser un simple denunciante y ha pasado a ser un personaje activo tanto en la investigación como en el procedimiento sancionador”, y agregó que “el sistema nacional anticorrupción es la apuesta para que todos los mexicanos nos decidamos a combatir la corrupción, a partir de la coordinación entre todos los entes”.
Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Chihuahua Mayra Arroniz dijo que en cuanto la función jurisdiccional la Suprema Corte y los estados tienen su propio órgano de control y en este caso lo que se pretende es proteger la función jurisdiccional, por lo que respaldó la reforma que dijo “es atinada y está bien establecida”.
En su oportunidad, el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios Luis Gustavo Parra hizo un recorrido sobre la historia del derecho de transparencia y la obligación de fiscalización, hasta llegar hoy a la facultad que tiene el ciudadano de fiscalización ciudadana, tema en el que un pendiente podría ser un avance en la autonomía y de presupuesto que deben tener los órganos de fiscalización, que “no depende del humor político”.
Finalmente, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit Irma Carmina Cortés destacó la decisión de tomar en cuenta a los órganos de control y de fiscalización para una reforma constitucional, porque “hay una resistencia de los entes el tener un órgano de control y me parece que así como se eligen a los mejores perfiles también se pueda determinar quienes ya deben ser sujetos a la remoción”.
Sin decir nombres dijo que se ha visto el uso faccioso del órgano de control y hay la tendencia de que los tribunales de justicia administrativa no materializan sanciones y “en Nayarit sí se sanciona, pero hay estados donde no han llegado ni a la etapa de sanción ni ejecución”, como ocurre en Chihuahua donde no hay sanciones, por lo que destacó “es una cuestión de voluntad de los operadores”.
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