A casi diez años de su desaparición y del hallazgo de su cadáver, Paloma Escobar Ledezma ha encontrado apenas un poco de justicia, cuando finalmente el Estado Mexicano ofreció una disculpa pública por las irregularidades ocurridas en la investigación de su caso; aunque falta aún un largo camino por recorrer.
Así, el Estado mexicano, en voz del secretario de Gobernación Alejandro Poiré, ofreció una disculpa pública “reconocemos la responsabilidad por todos esos actos u omisiones, ofrezco la más sentida y sincera disculpa…”, este jueves 23 de febrero, ante la falta de procuración de justicia en el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, quien tenía tan sólo 16 años cuando fue asesinada en marzo del 2002.
El reconocimiento público fue una de las nueve recomendaciones que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el informe de fondo 87-10 “caso Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros”, que procede a una sentencia similar respecto a feminicidios dada en noviembre del 2010 por el caso Campos Algodoneros.
Las nueve indicaciones que la Corte Interamericana hizo por el recurso interpuesto en el 2010 son:
1. Completar la investigación de manera oportuna seria e imparcial con el objeto de esclarecer, identificar y juzgar, y en su caso sancionar a los responsables del homicidio.
2. Reparar plenamente el daño por violaciones a los derechos humanos ( a los familiares).
3. Implementar medidas de no repetición ( de hechos similares, homicidios de niños y mujeres violentos) en la política estatal coordinada y respaldada con recursos, para que casos específicos de violencia contra las mujeres sean adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados.
4. Adoptar reformas en programas educativos, desde las etapas formativa y temprana (nivel básico) de que las mujeres son iguales, y de su derecho a la no violencia y no discriminación.
5. Investigar irregularidades en la investigación del caso cometidas por agentes y sancionarlas.
6. Fortalecer la capacidad institucional para combatir la impunidad y la violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua, con perspectiva de género y seguimiento judicial consistente y garantizando la sanción y reparaicón del daño.
7. Medidas y campañas de difusión al público para en general para garantizar los derechos humanos de niños y niñas.
8. Programas de formación para funcionarios estatales en las normas internacionales asumidas por el Protocolo de Estambul para que cuenten con los elementos técnicos y científicos para investigar los asesinatos de mujeres.
9. Políticas públicas y programas institucionales para reconocer el rol de las mujeres en el estado de Chihuahua y promover la erradicación de patrones discriminatorios que impidan el acceso a la justicia, así como programas de capacitación incluyendo el sector educativo en las ramas de administración de justicia y prevención.
Con la admisión de responsabilidad en los homicidios de Paloma Angélica Escobar Ledezma, y la sentencia del 2010 por los homicidios o feminicidios de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, el Estado Mexicano asume la responsabilidad para prevenir la violencia, admitir denuncias, llevar investigaciones legales y perseguir a los responsables en casos anteriores y posteriores a estos dos fallos de la Corte Interamericana.
Diez años después de una investigación de la madre de Paloma Angélica, Norma Ledezma, una serie de denuncias y pesquisas, además del reconocimiento del secretario de Gobernación lo precedieron primero el Fiscal General del Estado Carlos Manuel Salas, quien dijo:
“hacemos público el reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano en la investigación del caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma; este día, este momento, tiene un intenso sabor agridulce… como tantas veces hemos escuchado decir a Norma, no sólo porque somos testigos del amor y la tenacidad, de los sacrificios de una madre hacia su hija, sino porque además evoca la memoria de Paloma trayendo sus recuerdos; es una mezcla de alegría y de dolor, del sufrimiento que ha padecido su madre, pero que también permite evocar la memoria de todas las Palomas que han sufrido crímenes similares”.
El actual gobernador de la entidad César Duarte Jáquez, dijo: “… tenemos el deber jurídico y moral de prevenir su existencia, reconocer la responsabilidad y la negligencia por no responder oportunamente, de los gobiernos e instituciones del Estado Mexicano”; reconoció asimismo que la negligencia de los servidores públicos una de las causas de la impunidad de años, ha resultado en una “injusticia pasiva”, la “doble desgracia institucional” dijo, “…reconocemos que no se procedió como debía, se pudo haber evitado tanto daño y tanto dolor, comparto la valentía que tienen las mujeres y hombres que exigen justicia pronta, completa e imparcial, a las agrupaciones civiles por poner en la mesa la responsabilidad en la causa de las mujeres”.
Por su parte, la titular de la dirección de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación Oneida López Reina, expresó: “por el informe de fondo 87-10 del expediente 12.551 caso Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros, en el que la Corte termina concluyendo que el Estado Mexicano es responsable de violaciones a las garantías judiciales, a la protección judicial, y no respetar los derechos del niño en igualdad y con protección de la Ley, a Norma Ledezma Ortega, Fabián Alberto Escobar Ledezma y Dolores Alberto Escobar Hinojos (madre, hermano y padre de la joven), reconocemos que el Estado Mexicano violó los derechos, la integridad personal, las garantías y la protección judicial de Paloma Angélica Escobar Ledezma”.
El Estado Mexicano signó un acuerdo en agosto del 2011 con la familia de Paloma Angélica Escobar Ledezma comprometiéndose a cumplir las nueve recomendaciones. En esta ocasión, se cumplieron los puntos del reconocimiento público con la declaración de los funcionarios responsables y la develación de un memorial a la joven, así como la creación de Centros de Justicia para las Mujeres, el de Chihuahua terminado y que lleva el nombre de Paloma, así como han indicado trabajan en el resarcimiento del daño, falta la investigación para dar con los responsables.
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