La respuesta que emitió la Secretaría de Economía de
que sí reservó la información relativa a 14 puntos del proyecto turístico
Barrancas del Cobre, referentes a las distintas obras, concesiones y
estados financieros que ha realizado a través del Fideicomiso Barrancas
del Cobre; bajo el argumento, de que un resolutivo tomado por la
Secretaría de Economía, confirma que la información debe quedar
reservada porque forma parte de expedientes judiciales. Esta reserva estará vigente hasta cinco años después de finiquitados
los juicios.
La Consultoría Técnica Comunitaria AC aclara que la información solicitada a la Secretaria de Economía a través del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ichitaip, se sustenta en que el Gobierno del Estado tiene la obligación de ejecutar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena constituir el Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, en el que las comunidades indígenas de los siete municipios del área de influencia del Fideicomiso deben ser parte integrante.
La condición necesaria para formar parte del Consejo Consultivo es garantizar previamente el derecho a la información correspondiente al proyecto turístico. De no ser así, se pretende responder a la sentencia con una actuación simulada por parte del Gobierno que mantiene en riesgo los derechos reconocidos de los pueblos indígenas.
Las comunidades de Huitosachi, Bacajipáre, Mogotavo y Repechique condicionaron su participación en el Consejo a la entrega de la información solicitada (como consta en las actas entregadas al juez 8º).
Por otra parte, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía niega la información, por dos juicios que tiene con una sola comunidad, en los cuales se reclama el derecho a la consulta y al territorio.
Según el Decreto de formación del Fideicomiso Barrancas del Cobre el objetivo del proyecto turístico es el beneficio de las comunidades indígenas y mestizas de la Sierra y asegurar su participación en el mismo. Sin embargo, hoy por hoy a 17 años ni se han beneficiado, ni participan en la toma de decisiones; y sí tienen afectaciones que se han encausado por la vía legal, las cuales continúan sin resolverse.