Chihuahua.- Tras acreditar la tortura, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó este miércoles la inmediata liberación del joven Israel Arzate Meléndez, acusado por su supuesta participación en la masacre ocurrida en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.
De acuerdo con el Centro Pro Derechos Humanos, encargado de la defensa de Arzate, “El caso de Israel Arzate Meléndez —inculpado falsamente por la masacre de Villas de Salvárcar— es un ejemplo muy claro de la manera en que la juventud es criminalizada en México. Nacido y criado en un contexto de crisis generalizada, con pocas alternativas. A Israel, —al igual que la mayor parte de jóvenes de nuestro país— el Estado mexicano le ha negado el derecho a vivir una vida digna”.
El Centro que junto con el colectivo Telón de Arena realizó un documental para presentar el caso y sumar la exigencia social por “justicia para Israel”, agrega días atrás que “cuando el Estado se encontró con Israel, lo torturó para obligarlo a confesar un crimen que no cometió y, hasta el día de hoy lo mantiene retenido, a pesar de los señalamientos de numerosos actores nacionales e internacionales que han certificado las irregularidades en su proceso.
Arzate es un joven que nació en Ciudad Juárez y que fue detenido arbitrariamente en febrero de 2010, fue torturado durante 30 horas por militares y, obligado a inculparse de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida el 31 de enero de 2010, en la que murieron 15 jóvenes y 10 más resultaron heridos.
Luego de analizar las pruebas del caso, los ministros de la Primera Sala, que preside el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cancelaron el juicio que esperaba Arzate, luego de estar los últimos años en arresto domiciliario.
Con esto se cierra un capítulo de los tantos “chivos expiatorios” o “presuntos culpables”, a los que se les detiene, se les encarcela e incluso se les juzga y condena sin tener las pruebas suficientes, y la Suprema Corte sienta un precedente sobre la forma de impartir justicia en México, cuando interviene la tortura para lograr confesiones.