Ciudad de México.- Mientras la reforma penal está orientada a garantizar los derechos de las personas, la política de seguridad aplicada en México está orientada en sentido contrario, es decir, tiende a criminalizar a la gente y no a protegerla; ello provoca más víctimas, como sucedió en el caso de Israel Arzate Méndez, acusado por el asesinato de 15 jóvenes en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez y quien fue liberado tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictado el miércoles pasado, afirmó José Rosario Marroquín, director del Centro de Defensa de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En entrevista posterior a la liberación de Israel Arzate, debido a que la SCJN estimó que hubo graves violaciones al proceso en su caso, el abogado de esta organización y el representante legal de Arzate, Simón Hernández, explicó que cuando se vulnera el proceso no sólo afectan a la persona acusada, también perjudican a las víctimas que eventualmente no pueden saber si las personas acusadas son responsables o no.
“Estas violaciones al debido proceso afectan a las víctimas de los delitos, a sus familiares como una persona acusada y cuando una autoridad es incapaz de garantizar los derechos, invariablemente afectará al otro grupo que también busca su derecho de acceso a la justicia”, indicó el legista después de una conferencia de prensa celebrada en el Centro Prodh para presentar el testimonio de Arzate.
Es por ello que el Estado debe revisar la manera en que se imparte la justicia en el país porque no puede continuar realizando procesos de investigación enlodados, sin pruebas exhaustivas, ni una investigación seria, dijo Simón Hernández.
ARZATE LIBERADO
A un día de haber sido liberado y después de cuatro años detenido, Israel Arzate expresó que la justicia que obtuvo “es un paso para la justicia de las víctimas de Villa de Salvárcar. Ellos tienen que pedir a las autoridades que hagan justicia, que busquen a los verdaderos responsables”, pues “con chivos expiatorios no van a hacer justicia”.
“Desde un principio de mi detención dije que era inocente, que había sido torturado y hasta la fecha lo he mantenido”, manifestó Israel, quien afirma que no quiere nada del gobierno, por lo que no buscará la restitución del daño.
A las familias de los jóvenes que fueron acribillados el 31 de enero del 2010 y aquellos que han externado su inconformidad por la libertad del chihuahuense, la madre de Arzate, Guadalupe Meléndez, pidió que continuaran luchando para que la justicia se haga presente, sin embargo, ello no puede darse a costa de un inocente.
Arzate y su madre negaron tener miedo de regresar a Chihuahua y mientras no exista una amenaza expresa a la vida de cualquiera de los dos, permanecerán en el país.
En tanto, los abogados no descartaron la posibilidad de que las autoridades locales emprendieran un nuevo cargo en contra del ex condenado, sin embargo, aseguraron que no existen evidencias. Respecto del cargo pendiente de robo de auto, Hernández expresó que las pruebas de la fiscalía son igualmente falsas, por lo que confían que ese cargo, que también será revisado en la SCJN, sea desestimado.
El Economista