Chihuahua.- El miércoles 13 de noviembre, un aire violento azotaba en el municipio poblano de Acajete, a unos 30 kilómetros de la capital del estado. El viento levantaba el techo de lámina en la casa de la señora Amada Barranco. Eran las 6:45 cuando su hija Araceli, de 23 años —con quien compartía cama y cuarto— se levantó a desayunar y calentar agua para bañarse.
—“Ya me voy a meter a bañar” —le dijo a su mamá.
Araceli se aseaba cuando Javier Mauricio Díaz, su ex novio, entró a su casa. El ruido del aire fue cómplice: nadie oyó el quejido que hace la puerta de lámina al abrirse. Los perros no ladraron. Javier no era un extraño y conocía bien los movimientos de la casa. Atravesó sin problemas el patio hasta llegar al baño, ubicado a unos cinco o seis metros de los cuartos.
Eran cerca de las 7:00 en punto cuando la señora Amada oyó un grito. Pensó que venía de la casa vecina, sin embargo el silencio que le siguió la hizo levantarse. Desde la puerta de su cuarto vio a Javier. Caminaba de prisa hacia la salida. Ni siquiera volteó.
—¡Chely! ¡Chely! —llamó a su hija, que no contestó.
Corrió al baño, abrió la puerta y encontró el cuerpo de Araceli tirado sobre su sangre. Imaginó una hemorragia, un golpe. Quiso tocarla, levantarla. Pero el cuchillo clavado en la espalda la detuvo. Salió gritando y despertó a la familia.
—¡Javier le hizo algo a tu hermana! —le dijo al menor de sus hijos.
Mientras Amada recorría, tan rápido como le era posible, las siete calles que separan su casa de la Presidencia Municipal para avisar a la policía, su yerno también lo reportaba por teléfono. Eran las 7:10 de la mañana.
—Espérenos, ‘orita vamos —contestaron los policías. Pero Amada no esperó. En el camino a casa, los policías la alcanzaron. Todavía esperanzada, pidió que llamaran una ambulancia.
—No, señora, no la podemos mover.
Entre ocho y 10 policías municipales montaron guardia afuera del baño. El hermano de Araceli, de 18 años, les decía que fueran a buscar a Javier, pero no quisieron porque “no tenían la orden”.
La familia y los vecinos se organizaron en grupos para localizarlo. Amada y sus otras dos hijas sacaron copias de una foto de Javier y comenzaron a pegarlas en los camiones que van hacia municipios vecinos.
—¿Por qué hicieron eso? Nada más lo alertaron para que se largara —las regañó más tarde un policía ministerial.
Hasta el día de hoy se desconoce si ya hay una orden de aprehensión contra Javier Mauricio Díaz. El expediente –derivado de la Averiguación Previa 3197/2013/Tepeaca- fue consignado apenas el pasado viernes 29 de noviembre, y este miércoles 4 de diciembre, cuando la señora Amada Barranco se presentó en el MP de Tepeaca le dijeron que la información debía pedirla con el juez de lo Penal.
Acajete pertenece al distrito judicial de Tepeaca. Entre ambos municipios hay más o menos 30 kilómetros de distancia que se recorren, cuando mucho, en 45 minutos. El Ministerio Público y los peritos llegaron entre las 12:00 y 12:30 de la tarde a la casa de la señora Amada.
En el registro de los hechos, el Ministerio Público estableció que el crimen se había cometido a las 7:30 de la mañana. Cuando la madre de Araceli le aclaró que había sido más temprano.
—Ya así le dejamos —espetó el agente.
Amada calcula que, aproximadamente a las 15:30 horas —más de seis horas después del asesinato— levantaron el cadáver. La información oficial de la Procuraduría General de Justicia del estado establece que fue a las 13:30.
El cuerpo de Araceli Vázquez Barranco tenía seis heridas de arma blanca. Dos le habrían causado la muerte inmediata: una cortó su cuello. La otra, le perforó el corazón.
A la señora Amada le tomaron su declaración entre las 19:00 y las 20:00 horas. Casi medio día después de que encontró a su hija muerta.
Amada siente miedo al no saber dónde está Javier Mauricio Díaz, y vive con la incertidumbre de si llegará la justicia.
Al conocer el caso, un par de sujetos se presentaron ante la señora Amada Barranco, se identificaron como “licenciados”, y le pidieron 2 mil pesos para “ayudarle” a que saliera la orden.
—Hay que darle al juez y a la secretaria para su café —le dijeron. Ella se negó.
Sólo 16 días después del asesinato, el viernes 29 de noviembre, Amada Barranco pudo tener escaso acceso a la primera información al respecto, gracias a la intervención del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a través del abogado Rodolfo Domínguez, quien se presentó en Tepeaca para solicitar el expediente.
Las autoridades le negaron el documento al abogado con el argumento de que ese mismo día lo habían enviado para su consignación; es decir aún no existía una orden de aprehensión. Tampoco encontró al Ministerio Público encargado, Ernesto Gutiérrez.
“Lo que nos informaron es que ya se había consignado el expediente, que ya no lo tenían en el MP, y que no tenían mayor información. No nos quisieron abundar sobre cómo se estaban realizando las investigaciones y qué elementos probatorios tenían para solicitar la consignación. Es fundamental este derecho de las víctimas de acceder a los expedientes, para tener toda la información respecto a sus casos, y a partir de ahí, plantear líneas de coadyuvancia con el MP, y líneas estratégicas que permitan garantizar el acceso a la justicia”.
Tras la poca información obtenida, el abogado y la señora Amada Barranco se trasladaron a la ciudad de Puebla, donde pudieron entrevistarse con el director de Agencias de Ministerios Públicos, José Delfino Cortés Rodríguez, quien les facilitó una copia de la solicitud de consignación.
La preocupación del abogado del OCNF reside en la lógica de que, a una mala averiguación previa le sigue una mala consignación y, por tanto, crece el riesgo de impunidad o de no obtener la sanción adecuada.
“Nos preocupa sobre todo que no tenemos al agresor. No sabemos dónde está, no se sabe realmente qué acciones contundentes están realizando para localizarlo. Por lo que dice la familia, la policía judicial no actuó oportunamente para detener al sujeto a pesar de que se le había señalado, que se encontraba en la comunidad y aun así no fue buscado, ni localizado”.
La versión del agente del MP subalterno de Acajete, Pablo Jiménez Martínez, sobre la inacción de la policía es diferente:
“En cuanto la policía municipal fue notificada en ese momento se empezó actuar, pero cuando se notificó ya había pasado una hora u hora y media de los hechos. Tenemos entendido, que desde el momento en que señalaron a esta persona, desde ese momento se inició la búsqueda por parte de la (policía) ministerial, a nivel nacional”.
Sin embargo sobre la búsqueda de Javier Mauricio Díaz, el propio director de la Policía Ministerial de Puebla, Juan Luis Galán Ruiz, dijo que se haría a partir de la orden de aprehensión:
“A partir de que contemos con la orden de aprehensión se va a solicitar la colaboración a todas las entidades federativas del país, para que todas las instituciones policiales nos apoyen a la búsqueda y localización de este sujeto. Así también si contamos con algún elemento, indicio, que se encuentre en otro país, particularmente en EU, nos coordinaremos con las instituciones de gobierno de aquel país para solicitar también la búsqueda de la persona”.
Ahora, para la familia no queda más que esperar que la orden de aprehensión sea liberada por el juez del distrito de Tepeaca en el transcurso de la próxima semana.
Araceli llevaba cuatro meses trabajando en una fábrica en la ciudad de Puebla. Acababa de terminar la carrera de Ingeniería Textil y sería la primera de su generación en recibir su título, en febrero próximo.
Su relación con Javier Mauricio Díaz, albañil, de 26 años, duró dos años y medio pero le había puesto fin hace seis meses, durante los cuales él siguió buscándola.
Aunque Javier comenzó pronto otra relación, su obsesión no se detuvo. La seguía a su trabajo, le mandaba mensajes y le llamaba de números desconocidos para asegurarse de que ella, sin saber quién era, le contestara.
Unos días antes de su muerte, Araceli planeaba denunciarlo por acoso.
El Comité contra el Feminicidio en Puebla contó hasta agosto de este año, 33 casos contra 4 que reconocía oficialmente la PGJ. La disparidad responde a que la mala tipificación de feminicidio hecha por el Congreso local en noviembre del 2012, genera incertidumbre jurídica para la víctima, e incluso para los encargados de aplicar la ley. Es decir, homicidio doloso y feminicidio poseen las mismas agravantes.
El registro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), actualizado a noviembre de este año, es de 47 casos de feminicidio, en promedio 4 al mes, una situación que califican de “lamentable e indignante”.
“Es un tema que no le interesa ni al gobernador ni al procurador, no hay acceso a la justicia, no hay prevención, no hay protocolos específicos de atención a las víctimas”, dice Vianeth Rojas, integrante de Odesyr y del Comité contra el Feminicidio en Puebla.
De enero a junio del 2012, en Puebla se cometieron 35 homicidios dolosos de mujeres, mientras que en el mismo periodo de 2013 se registraron 44: un aumento de al menos 25 por ciento, de acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia solicitada mediante Infomex.
“Este es un caso terrible”, denunció Rodolfo Domínguez del OCNF. “Evidencia justamente la problemática de feminicidio que hay en Puebla, la situación real en que están actuando las autoridades, en particular los MP y ahora los jueces”, añade.
“Puebla no cuenta con protocolos de investigación de feminicidios, a pesar de tener el tipo penal,y es preocupante porque no garantiza una debida diligencia de las investigaciones, y menos una diligencia con perspectiva de género”.
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