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Ciudad de México.- Por unanimidad, el Instituto Federal Electoral se declaró incompetente para conocer e imponer sanciones al gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, por la difusión de propaganda personalizada en varios estados del país, con motivo de su informe de labores rendido en diciembre.

La queja promovida por el Partido Acción Nacional para sancionar esa conducta fue remitida al Instituto Electoral del Estado de Chiapas pues, argumentó el IFE, el Congreso de la Unión ha omitido expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe este tipo de difusión, para tener competencia plena para conocer del caso.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido que el IFE puede intervenir si se dan cinco supuestos, entre ellos que esa difusión afecte a un proceso electoral federal, lo que no es el caso.

Por eso, argumentaron el consejero presidente Lorenzo Córdova y los consejeros Benito Nacif, Marco Antonio Baños y María Marván, ante la ausencia de regulación clara sobre la competencia del IFE en ese tipo de casos, sólo puede actuar conforme a esos criterios del TEPJF.

Los 4 consejeros coincidieron en que se ha abusado de la difusión de informes de gobierno, pues ha sido pretexto de funcionarios para promoverse, pero en este caso el asunto deberá ser resuelto por el órgano electoral local.

Los consejeros Nacif y Marván recordaron que el TEPJF ha resuelto casos similares y confirmado que el IFE no es competente para conocerlos.

"Falta evidentemente una legislación secundaria, ahí nomás llevan 6 años sin emitirla", asentó a su vez el consejero Baños, al recordar que la reforma electoral del 2007-2008 y la reciente, de 2013, han ordenado regular y el Congreso no lo ha hecho.

IFE QUIERE CERRAR LA CORTINA

En el debate de casi tres horas, el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, demandó reconsiderar, pues la denuncia se sustentó en el 134 constitucional, pero también el 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) , que marca excepciones a la difusión de mensajes relacionados con los informes de gobierno.
Estas limitaciones son su difusión exclusiva en la jurisdicción territorial respectiva, y 7 días antes y 5 después del informe.

Aquí -acusó Carbajal Tejada- hubo "publicidad extraterritorial" del gobierno de Chiapas y corresponde la aplicación del Cofipe, por lo que la competencia "claramente" es del IFE y no del Instituto local.

"El deber de informar está circunscrito a los ciudadanos que gobierna, no al resto de los mexicanos se está actuando extra territorialmente...por eso interpusimos la queja aquí", advirtió el panista, al repudiar la "interpretación muy ligera" del IFE.

Recordó que existe también un criterio del TEPJF según el cual el IFE es competente cuando se aduzca la difusión de informes de gobierno que no cumplan con las reglas, aunque no haya elección federal en curso.

El senador Javier Corral, también del PAN, recordó que el "dispendioso e impúdico gasto" aunque Chiapas padece "pobreza insultante" se hizo en varios estados del país en radio, televisión, bardas, carteles, autobuses y demás.

Fueron, insistió el representante del PRD, Camerino Márquez, 25 mil 603 impactos en radio y televisión "siendo ustedes la autoridad exclusiva en materia de radio y televisión"
Se erogaron 130 millones de pesos y "ni siquiera una vista a la Unidad de Fiscalización para investigar origen de los recursos es una gran irresponsabilidad" dijo el perredista.

"¡Ustedes ya bajaron la cortina señores consejeros¡", advirtió.

En defensa del mandatario de Chiapas, el representante del PVEM ante el IFE, Jorge Herrera y el diputado de ese partido, Ricardo Astudillo, mostraron que la misma difusión personalizada ha sido propiciada por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el líder de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, sin que PAN y PRD digan nada.

Lo mismo ocurrió, dijo Herrera, con el perredista Marcelo Ebrard siendo jefe de gobierno. Y en el caso de Chiapas, aseguró, no hubo recursos púbicos.

En el fondo del asunto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó "hemos vivido un furor escandaloso, desatado de los servidores públicos de este país para rendir informes o usar este artículo 228 para defraudar a la ley (...) legisladores, regidores, funcionarios de toda índole no necesariamente obligados por la ley informan sin ton ni son y se benefician".

Expuso que no debería existir ningún tipo de propaganda personalizada, como establece la Constitución, aunque el Cofipe la permita de forma acotada, lo cual a título personal "me parece inconsecuente e incongruente en el contexto democrático".

La prohibición constitucional a la propaganda personalizada es clara, lo cual me hace dudar de la constitucionalidad del 228 del Cofipe, pero ha sido objeto de conocimiento del TEPJF y éste ha interpretado" lo que el IFE tiene que acatar, estableció.
El Universal

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