Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió ayer que los estados carecen de facultades para legislar o ejecutar el arraigo domiciliario de presuntos delincuentes, durante la investigación de delitos graves; lo que no aplicará para Chihuahua.
La mayoría consideró que, a partir de la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008, el arraigo sólo es aplicable en casos de delincuencia organizada, y que ésta materia está reservada en exclusiva a la Federación.
En el caso de Chihuahua donde también se aplica la figura del arraigo, la decisión de la SCJN no modifica su utilización, ya que aquí es utilizada como medida cautelar durante un proceso penal, señaló la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a través de su portavoz, Jesús Eduardo González Sierra.
En otras entidades, la figura sobre la que se pronunció la SCJN, se utiliza para detener personas e investigarlas, en tanto que en Chihuahua es ordenada por un juez a petición de un Ministerio Público para obligar al acusado a sujetarse a proceso penal.
Hasta enero, en Ciudad Juárez, un total de 42 internos se encontraban en el centro de arraigo localizado en la calle Barranco Azul, a un costado de la Ciudad Judicial, mientras que dos se encontraban bajo arraigo domiciliario.
A la mayoría de ellos se les venció la medida cautelar de prisión preventiva sin que el Ministerio Público pidiera llegara a la etapa de Juicio Oral, de acuerdo con datos oficiales.
En el Centro de Arraigos los presos cuentan con camas, televisión, horno de microondas y grabadora y un baño, pero no pueden salir de sus habitaciones y no pueden trabajar ni estudiar por la falta de espacios y equipamiento para ello. Los reos también tienen derecho a tres comidas al día, visita familiar, visita de sus abogados y de la Comisión de Derechos Humanos.
Son los jueces de Tribunal de Garantía, de Juicio Oral y los especializados en Justicia para Menores Infractores quienes autorizan el envío de los internos del Cereso Estatal Número 3 y de la Escuela México al Centro de Arraigos, en su mayoría a solicitud del Ministerio Público del fuero común que recurre a este recurso para no dejar en libertad a quienes se les termina la medida cautelar de prisión preventiva.
De acuerdo con datos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chihuahua, los jueces de adultos autorizaron el arraigo a 14 personas durante el 2013. En mayo fueron enviados cinco; otros tres en julio, uno en agosto, cuatro en octubre y uno en diciembre.
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