Ciudad de México.- Frida no pude dejar de ser llamada José Luis García y Alejandra sigue siendo Alejandro Loya Bustillos. Aun con su apariencia de mujer, los dos transexuales tienen registrado el sexo masculino en su credencial de elector.
Quieren aparecer como mujeres legalmente, pero esto se les ha dificultado. Principalmente, coinciden, por lo complicado y caro que resulta el proceso de cambio de identidad, en el cual demandan se eliminen los dos peritajes: el médico y el sexológico.
“Nos piden peritaje y no se me hace justo, porque además de que es discriminatorio, tenemos que pagar una cantidad muy grande, entre 30 y 40 mil pesos. Hay que ir con el médico, con el siquiatra, con el sicólogo, varios estudios, como el de hormonas.
“Y claro, tienes que pagar abogado para el proceso que puede durar mucho tiempo, y si después de tanto gasto resulta que el juez no está convencido, no te autorizan el cambio de identidad. Es injusto, el trámite debería ser como con cualquier heterosexual que decide cambiarse el nombre”, considera Frida.
A sus 30 años, lamenta que contra ese sector persista la discriminación y la violencia, lo cual ha padecido desde niña y más fuerte durante la preparatoria, por lo cual tuvo que dejar sus estudios.
Frida dice que laboralmente no tiene problemas, pues en la estética donde trabaja hay apertura y accesibilidad, pero otras como ella sufren al querer colocarse en un puesto y si logran hacerlo, la discriminación es evidente.
“En muchos lados sufrimos de discriminación. Por ejemplo, si vas al doctor, cuando te llaman para entrar al consultorio todo mundo voltea a verte y si muestro mi credencial de elector, el primer problema es que en la foto tenía el cabello rubio y al momento de presentarla de otro color, me dicen que no soy yo, que no me parezco. Y después, pues el nombre, sigo teniendo en mi IFE el nombre de varón: José Luis García, pero soy Frida García, así es como quiero que sea mi identidad”.
La posibilidad de rectificar el acta de nacimiento se concretó el 13 de enero de 2009 con las modificaciones, adiciones y reformas a los artículos del Código Civil para el Distrito Federal: 134 [que exige que el trámite se haga ante el juez de lo familiar], el 135 fracción II [que prevé la rectificación del nombre por enmienda], así como el 135 bis [que prevé el levantamiento de una nueva acta de nacimiento por reasignación de concordancia sexo-genérica].
Los honorarios de abogados especialistas en el proceso rondan en los 30 mil pesos. Se adicionan unos 15 mil pesos por cada uno de los dos dictámenes médicos que exige la norma, más el costo del tratamiento hormonal, de la carta de no antecedentes penales y de la propia acta, además de otros gastos extra. En total son alrededor de 70 mil pesos, cantidad que, una vez más, tampoco está al alcance de la mayoría.
Alejandro Loya Bustillos, quien como trans dice que desde hace mucho tiempo se llama Itzel Alejandra Loya Bustillos, pero que al igual que Frida, el difícil proceso le ha hecho imposible legalizarse como tal.
El trans originario de Chihuahua dice que es más complicado vivir en su condición en su estado natal que en el Distrito Federal, pues asegura que el machismo está más arraigado allá. Pero aquí en el Distrito Federal sigue habiendo discriminación, y una prueba es lo engorroso, complicado y caro que sale el cambio de identidad.
“Tan sólo en lo médico, son tortuosos los trámites con el endocrinólogo, sicólogo, siquiatra, por eso como grupo trans estamos demandando que nos quiten ese protocolo, que sea directo, como cualquier ciudadano mexicano. Que se quite el protocolo directamente. Y debería ser casi gratuito”.
De acuerdo con información proporcionada por la organización Prodiana, de 2008 a la fecha, seis personas han solicitado el trámite para el cambio de identidad.
Laura Victoria, de la organización Transfuga, señaló que existe carencia de derechos por la imposibilidad del reconocimiento jurídico de la identidad de género, vulnerando garantías individuales y derechos humanos que no permiten el acceso a una vida digna y libre de violencia.
Por ello, en el marco de una necesaria reforma al Código Civil para la reasignación sexogenérica, es fundamental que se aborde, entre otras cosas, la eliminación o simplifiquen tanto el peritaje médico, como el sexológico.
“El someternos a un tratamiento hormonal obligatorio trae como consecuencia directa una pérdida de nuestros derechos reproductivos, con lo que el gobierno nos vulnera de manera directa, generando una esterilización involuntaria”.
Diana Sanchez, dirigente de la organización Prodiana, insistió en la eliminación de peritajes, así como “del requisito ocasional de antecedentes penales, para descriminalizar a las personas trans, al tiempo de desaparecer el requisito de constancia de inexistencia de matrimonio, o en su defecto, la firma del cónyuge para la realización de este procedimiento, ya que la exigencia de la misma, condiciona y violenta nuestro derecho a la autodeterminación”.
Agencias
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