Ciudad de México. Por Miguel Carbonell: Quedan apenas poco más de 30 días para que el Congreso de la Unión concluya su periodo ordinario de sesiones y los temas se acumulan en la mesa de nuestros legisladores.
Acaban de llegar las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones, a la par del trabajo de las bancadas partidistas que avanzan a marchas forzadas, con la asesoría del IFE y la reconocida experiencia del subsecretario Felipe Solís Acero, en las reformas en materia electoral. En este tema el tiempo para expedir la normatividad es en verdad crucial, ya que en pocos meses darán inicio procesos electorales locales en 18 entidades federativas, más el proceso electoral federal que permitirá en el año 2015 renovar por completo la Cámara de Diputados federal.
Falta además que se presenten las cruciales iniciativas en materia energética que suponen cambios a más de 20 ordenamientos jurídicos.
Todavía no se aprueban varias de las leyes que debieron ser emitidas por mandato de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011. Los legisladores tienen ya en su mesa –y desde hace varios meses- iniciativas enviadas por el presidente Peña en este tema, pero se están tomando un tiempo a todas luces excesivo para analizarlas.
Necesitamos que se expida la ley que deberá regular todo el tema de las reparaciones por violaciones de derechos humanos, la ley que regule la expulsión de extranjeros prevista en el ominoso artículo 33 constitucional, la ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión de derechos, etcétera.
También está pendiente la legislación que debe derivar de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, así como los dictámenes de la reforma constitucional para regular la colegiación y certificación profesional, y la ley de medidas alternativas al juicio en materia penal, por mencionar algunos ejemplos adicionales a los que se repiten con frecuencia en los medios de comunicación.
Como puede verse, la agenda legislativa está a punto de explotar.
Lo malo es no solamente el rezago que presenta, sino que hay muchas posibilidades de que los legisladores dejen las decisiones que deben tomar para el final y durante la última semana del periodo legislativo aprieten a fondo el acelerador.
De esa forma perdemos todos, ya que la prisa por aprobar todo (las "leyes al vapor", como se les conoce coloquialmente), nos impiden atestiguar un proceso amplio y pausado de discusión pública como el que se merece el país.
No tiene justificación que en temas tan relevantes como los que he apuntado (y muchos otros que también deberían ser atendidos a la brevedad por los representantes populares), se tomen decisiones en cuestión de pocos días o apenas horas. Es cierto que muchas veces el debate en nuestras cámaras es estéril y hasta aburrido, pero el hecho de que se lleve a cabo forma parte de la lógica indispensable de todo sistema democrático.
Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer las razones del voto de nuestros representantes y el sentido con el que se aprueban las leyes que estaremos obligados a acatar. Todo eso requiere de un mínimo de tiempo, para que se expresen razones a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que se escuche la voz de los especialistas y académicos, etcétera.
Nada de eso se puede hacer si los proyectos de ley transitan a través de las cámaras en apenas unas horas. De hecho, a veces la premura es tal que ni siquiera los propios legisladores entienden lo que están votando, pues no han tenido la oportunidad de leerlo.
No es el tipo de democracia con la que uno hubiera soñado ni se propicia de esa manera el debate público que este país necesita.
Lo que nos urge es que los legisladores dejen de perder el tiempo y se pongan a atender lo que la Constitución les ordena, en el tiempo que la propia Carta Magna lo señala. ¿Acaso es mucho pedir?
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