¿Por qué los gobiernos construyen mal y caro?

Ciudad de México. Por Leo Zuckermann.- Vaya escándalo el de la Línea 12 del Metro en el Distrito Federal. No sólo costó mucho más cara de lo que se había presupuestado sino que la construyeron mal de tal suerte que el servicio ha sido suspendido tan sólo un año después de entrar en operación. Un desastre. Recordemos que este proyecto fue la obra pública más importante del sexenio pasado. Su diseño y supervisión estuvo a cargo del gobierno perredista de Marcelo Ebrard mientras que la construcción corrió a cuenta de un consorcio privado de las empresas ICA-Carso-Alstom. No se trata, por desgracia, del primer caso de una magna obra gubernamental cara y mala en México. Ejemplos hay muchos. Ahí están la Carretera del Sol (a cargo del gobierno priista de Salinas) y la Estela de Luz (que llevó a cabo la administración panista de Calderón).

Lo del Metro, así como las múltiples obras malas y caras que abundan en nuestro país, me recordó un artículo que hace poco leí de James Surowiecki sobre las Olimpiadas en Sochi. En 2007, el gobierno ruso había anunciado que invertiría 12 mil millones de dólares en construir las instalaciones. Al final fueron más de 50 mil millones: las Olimpiadas más caras de la historia. Lo peor es que muchas instalaciones no estuvieron listas y presentaban fallas en su operación. Lo mismo que aquí en México: obras públicas caras y deficientes. La pregunta es por qué esta tendencia común y corriente en varios países.

Surowiecki recuerda que Transparencia Internacional considera a la industria de la construcción como la más corrupta del mundo debido a la “prevalencia de sobornos, licitaciones fraudulentas e inflación falsa de los costos”. Esto se debe, como dice el analista económico del New Yorker, a que “los gobiernos son jugadores enormes en esta industria. No sólo son los que más gastan en infraestructura sino que los proyectos privados requieren permisos gubernamentales, inspecciones in situ y regulaciones de todo tipo. Entre más reglas existan y más funcionarios encargados en aplicarlas, más oportunidades de corrupción hay”.

En proyectos tan grandes como el de la Línea 12 del Metro existen otros factores que explican por qué los gobiernos construyen mal y caro. El

primero, citado por Surowiecki, es lo que se conoce como la paradoja de Tullock: “Como estos proyectos son raros y el trabajo de construcción errático, los políticos tienen un inmenso poder al otorgar los contratos. Para los contratistas, los sobornos siempre son atractivos porque los costos de sobornar son pequeños comparados con el valor del contrato”. Estudios demuestran que entre más grande es un proyecto, más fácil es esconder las mordidas. La construcción de una línea de Metro, por ejemplo, es tan única que los costos son difíciles de estimar. Esto genera grandes oportunidades de corrupción para que funcionarios y empresarios se enriquezcan a costillas de los contribuyentes.

Surowiecki menciona un dato muy interesante: los grandes proyectos públicos son más comunes en países donde los gobiernos no rinden cuentas. ¿Por qué? Pues porque las obras caras y deficientes quedan impunes y eso incentiva a que los gobiernos hagan más. En el caso mexicano, lo común es eso: que no haya castigos por una obra mal ejecutada y cara. En la Carretera del Sol y Estela de Luz no se responsabilizó a ninguno de los gobernantes de primer nivel. Quedaron impunes generando el incentivo a que se hicieran más en el futuro.

Lo cual me lleva a un último punto. El gobierno actual de Peña Nieto ha regresado a la vieja ideología keynesiana de que el Estado debe gastar más para estimular a la economía. Para ello ha incrementado los impuestos y la deuda pública. La idea, según el secretario de Hacienda, es gastar estos recursos en grandes proyectos de inversión. Suena bien. Y es cierto que México necesita mucha infraestructura que sólo el Estado puede construir. Pero si no existe transparencia en las licitaciones y costos, además de mecanismos de rendición de cuentas con responsables claros, corremos el riesgo de nuevos escándalos como los de la Línea 12 del Metro en el futuro. De hecho, una buena manera de evitar que esto suceda de nuevo es que se procese judicialmente a los altos funcionarios responsables de que un tramo del Metro capitalino esté cerrado afectando a miles de usuarios. Eso mandaría el mensaje a los actuales gobernantes de que no conviene construir mal y caro con el dinero de los contribuyentes.

Excélsior