Ciudad de México.- Durante la revisión de la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado en los 31 estados y el Distrito Federal por un valor de 64,333.5 millones de pesos, de los cuales, a la fecha, persisten sin aclarar 23,524 millones.
La ASF revisó 505,720.2 millones de pesos, mediante 680 auditorías al gasto federalizado (dinero que llega a los estados mediante aportaciones y transferencias federales). De ese monto, 12.7% estuvo sujeto a observaciones, es decir, 64,333.5 millones.
Las entidades federativas tienen por obligación justificar o regresar a la Federación este dinero bajo escrutinio, mismo que acaba por no beneficiar a la población para el ejercicio fiscal presupuestado.
En su informe, la ASF advierte que la debilidad de las finanzas estatales y municipales se traduce “en un contexto de riesgo para el uso de recursos de los fondos y programas en fines diferentes a los establecidos”.
RUTAS POCO TRANSPARENTES
Comenta que entre las razones para poner el dinero bajo observación están las transferencias a otras cuentas bancarias, la aplicación de recursos en fines diferentes a los de los fondos y programas; el inadecuado control e insuficiente transparencia en el manejo de los recursos; el retraso en el ejercicio que deriva en elevados importes no aplicados; la falta de documentación comprobatoria, y el pago de conceptos o rubros no autorizados.
De los 64,333.5 millones de pesos que quedaron bajo observación, 40,809.3 millones fueron o están en proceso de ser regresados desde los estados a las arcas federales bajo el concepto de “recuperaciones”; no obstante, a la fecha, el ejercicio de 23,525.2 millones de pesos no ha sido aclarado, por lo que la ASF solicitará a las administraciones explicar al respecto.
LOS ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE OBSERVACIONES
Durante el periodo analizado, Veracruz, gobernado por Javier Duarte, fue aquella entidad donde más dinero fue puesto bajo observación: 13,187.5 millones de pesos. Esta cantidad representa por sí sola 20.4% de todo el dinero a nivel nacional en el rubro de gasto federalizado, donde la ASF encontró irregularidades.
De ellos, el estado ha regresado a la Federación 7,741.9 millones, no obstante, aún no ha aclarado 5,445 millones.
A éste le sigue Chiapas, que para el 2012 era gobernado por Juan Sabines Guerrero, donde 4,845.8 millones de pesos registraron irregularidades; se suma Jalisco, con 4,828.6 millones y bajo la administración de Emilio González Márquez; así como Tabasco, con Andrés Granier e irregularidades por 3,803.9 millones, y Guerrero, con Ángel Aguirre, por 3,577.9 millones.
Bajo el concepto de gasto federalizado, la ASF consideró el ejercicio de los fondos del Ramo 33 (donde se encuentran el FAEB, FASSA, FISE, FORTAMUN, FAM, FAETA, FASP y FAFEF), así como los Ramos 4, 11, 12 y 23. Además de subsidios y convenios de descentralización.
Los recursos del gasto federalizado son esenciales para los gobiernos locales, ya que financian acciones relevantes como servicios de educación básica, de salud, seguridad pública, infraestructura y servicios básicos, saneamiento financiero y acciones de asistencia social.
OPACIDAD INSTITUCIONALIZADA
En su estudio “¿Dónde quedó la bolita?", el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advierte que el reparto de dinero federal a los estados ha ido al alza de forma constante; no obstante, para hacerlo no se consideran criterios de transparencia para premiar o castigar a la opacidad, ni el desempeño en el ejercicio del gasto.
Consultado por este diario, Jorge Sánchez Tello, economista de la Fundación de Estudios Financieros del ITAM, comenta que los resultados de la Cuenta Pública 2012 se contraponen al objetivo de la reforma hacendaria: mientras se pretende recaudar más ingresos para la Federación para los estados, se demuestra que la opacidad y el despilfarro son una constante.
Añade que los recursos desviados, mal utilizados, desperdiciados o simplemente regresados a la Federación son oportunidades perdidas en las entidades y sus municipios para impactar de forma benéfica en sus poblaciones, mediante mayor infraestructura, programas sociales y seguridad pública, por mencionar algunos.
El Economista
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