Ciudad de México.- De 2012 a la fecha, documenta la World Association of Newspapers and News Publishers, han sido denunciados penalmente 60 actos delictivos contra personal del Noroeste, sin contar amenazas constantes, incluidas las que siguieron a la cobertura de la detención de Joaquín Guzmán Loera, en Mazatlán, a mediados de febrero [2014].
Es el contexto en el que ocurre la agresión contra Adrián López Ortiz, director general de ese prestigiado diario sinaloense, el miércoles [abril 2, 2014], en Culiacán ―lo que puede constatarse en «Noroeste bajo ataque», recopilación escalofriante disponible en línea.
Todo lo que ha seguido al ataque contra Adrián, quien fue robado y herido a balazos de madrugada, es la misma torpeza gubernamental que ya conocemos y no hace más que enviar un clarísimo mensaje a quien piense en atacar a un periodista o un medio de noticias: «Tus probabilidades de impunidad son altísimas, actúa».
Como principal responsable político de lo que sucede en Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez ha sido, por supuesto, el gran protagonista de la gran farsa mediática.
Imaginemos: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2013, del INEGI, casi el 80 por ciento de los sinaloenses mayores de 18 años se percibe inseguro, en niveles semejantes a los de Chihuahua, Durango, Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal.
No es, por cierto, una percepción infundada: en el periodo de medición de dicha encuesta, casi un tercio de los habitantes de ese estado del noroeste mexicano sufrió al menos un delito y casi la mitad de todos esos delitos fueron cometidos con arma de fuego, produciéndose una de las tasas de homicidio doloso más altas del país [48 por cada 100 mil habitantes, más del doble de la media nacional].
¿Y cuántos de esos delitos fueron denunciados ante la instancia competente? Menos del 10 por ciento. ¿Por qué? Porque las víctimas prefirieron no denunciarlos al percibir ineptitud, burocratismo, corrupción o colusión criminal de la policía, el ministerio público y los jueces. Y de los delitos denunciados, ¿cuántos de sus autores fueron llevados ante un juez, procesados y condenados penalmente? Menos del 2 por ciento ―todo lo cual, repito, está contenido en la encuesta del INEGI citada.
No obstante esta sobrecogedora realidad, que denota un estado crítico de inseguridad permanente y la parálisis estructural del sistema sinaloense de justicia penal, el gobernador López Valdez, denigrando su propia investidura, se erigió instantáneamente en fiscal y juez, y a las pocas horas del ataque contra Adrián, emitió su primer veredicto: el atentado no tiene relación con la línea editorial del Noroeste, añadiendo un toquecito de misterio: «Ya hay detenidos».
Haciéndole segunda, al día siguiente [abril 4, 2014] el procurador general de Justicia Marco Antonio Higuera Gómez hizo pública la identidad de tres jóvenes detenidos y tres prófugos a los que responsabilizó del asalto al periodista. Insultando su investidura de fiscal y suplantando igual que el gobernador al Poder Judicial, se erigió en juez de facto para declarar responsables a esas personas y desechar el móvil relacionado con el trabajo del Noroeste o la propia víctima.
Por supuesto, el procurador sinaloense se basó, como él mismo lo dijo, en las declaraciones de las personas detenidas, algo predecible en una institución donde, ante la incapacidad de investigar científicamente, las acusaciones se sostienen en declaraciones ministeriales autoincriminatorias o de supuestos testigos, y no mucho más.
Al final, en una redición del «Lástima Margarito», el gobernador López Valdez remachó: Adrián tuvo «mala suerte», o sea, el asalto en su contra nada tiene de atentado contra la libertad de expresión. Es todo. Vaya. ¿Y el Poder Judicial? No cuenta, porque sentencia condenatoria ya hay, de facto.
El Noroeste es, en mi experiencia, uno de los pocos diarios mexicanos verdaderamente profesionalizados. Me consta que posee no solo una de las más robustas estructuras de procesos editoriales que hay en el país, sino que el liderazgo del propio Adrián y otros experimentados periodistas en sus redacciones de Mazatlán y Culiacán lo han llevado a distinguirse por sus estándares deontológicos y también su política laboral.
El ataque a Adrián, cuyo móvil ―en virtud de la incompetencia institucional― probablemente nunca conoceremos con veracidad, no es un dato menor; muestra una vez más que los periodistas estamos en todo caso realmente vulnerables, en gran medida porque los actores políticos y procesales del sistema penal incumplen sus responsabilidades y se suplantan mutuamente para regular el timming mediático, incentivando sin duda nuevos ataques. «Mala suerte», Adrián; «mala suerte», sinaloenses. Lo lamento.
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