Chihuahua.- El juez del Juzgado Tercero de Distrito suspende convivencia de un padre agresor con su hija F. y su hijo S. de 4 y 5 años, la que había sido otorgada por el juez cuarto de lo Familiar en Chihuahua, atendiendo al interés superior de la infancia invocado por la madre, mismo que fue desatendido en primer momento por el juez familiar.
Al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), representante legal de las víctimas, le preocupa la reiterada conducta de Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto de lo Familiar, quien ha sido denunciado en forma reiterada por las actuaciones que se apartan del debido proceso y la debida diligencia, ignorando los estándares internacionales de protección a personas en situación de vulnerabilidad como son: mujeres, niñas y niños.
Decenas de expedientes del juzgado cuarto se encuentran documentadas por el CEDEHM, que demuestran los sesgos ideológicos, sexistas y discriminatorios, que norman el criterio del juzgador en las resoluciones judiciales; en razón de esto, instamos al magistrado presidente José Miguel Salcido Romero, para que realice una auditoría al funcionario y que de conformidad con los acuerdos suscritos por este Tribunal, se instale la Unidad de Género del Supremo Tribunal de Justicia.
Antecedentes:
La señora Miriam R. acudió al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a presentar denuncia penal en contra de su ex pareja, Manuel Nicolás Rodríguez Hernández, por los delitos de violencia familiar, amenazas e incumplimiento de las obligaciones alimenticias, solicitando protección para ella y su hija e hijo. En esta institución, se negaron a levantarle la denuncia y, a pesar de que existe impedimento legal para la práctica de la mediación en casos de violencia familiar, se le remitió al Centro de Justicia Alternativa, se le obligó a firmar un acuerdo con su agresor, en donde éste, se “obligaba a respetarla” y se le concedió el derecho de convivencia con su hija e hijo.
Es preocupante que el CEJUM, una política pública idónea para avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se encuentre en su peor momento, ocasionado por la saturación de expedientes, falta de presupuesto y la mayoría del personal poco calificado y carente de sensibilidad de género.
Instamos al Lic. Raymundo Romero Maldonado, Secretario General de Gobierno, a que convoque de inmediato al Consejo del Centro de Justicia para las Mujeres, para que se revise el funcionamiento de esta instancia.
La situación de violencia económica que sufrían su hija e hijo, obligó a Miriam a solicitar en su representación la pensión alimenticia, este atrevimiento desencadenó la ira del agresor, quien acudió ante el Juez Cuarto de lo Familiar, en quien encontró un aliado para continuar violentando a su familia.
Las abogadas del CEDEHM, en la contestación a la demanda que interpuso el agresor para pedir la guardia y custodia de F. y S. advirtieron al Juez los antecedentes graves de violencia familiar, solicitaron medidas de protección para la madre y sus hija e hijo, además de pedirle que suspendieran las convivencias con el agresor.
El juez Espino negó la custodia provisional a la madre y la protección solicitada, ante la falta de debida diligencia que obligaba al juzgador a valorar con perspectiva de género la situación de vulnerabilidad, ante las reiteradas amenazas del agresor tales como: “los accidente existen, cuídate”, “jamás volverás a ver a tus hijos”, etc. Miriam optó por no entregarlos al agresor. La resolución judicial del Juez Cuarto, otorgó el poder a Manuel para continuar con la espiral de la violencia, ahora con una demanda penal por sustracción de menores en contra de la madre.
El CEDEHM ha documentado una gran cantidad de casos de padres agresores que utilizan este delito para obligar a las mujeres a convivir con ellos aún con grados insoportables de violencia, ante el peligro de perder a sus hijos.
Una de las propuestas que hizo el CEDEHM en el pasado foro sobre la reforma en materia familiar, es la de obligar a las y los juzgadores antes de otorgar custodias provisionales a los padres, la solicitud de información a los CEJUM o Centros de Justicia Alternativa, para corroborar si existen convenios de incumplimiento de alimentos no cumplidos, o denuncias penales por violencia familiar a fin de negar las convivencias a los agresores.
La semana pasada Miriam, F. y S. vieron cumplidas las amenazas del agresor “los accidentes existen”, un vehículo intento atropellar a la familia, la responsabilidad corresponde al CEJUM y al Juez Cuarto de lo Familiar; las víctimas se encuentran en un refugio, lo cual es injusto para el niño, la niña y su madre.
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