Ciudad de México.- En México aún existe una situación generalizada del uso de la tortura como mecanismo de investigación criminal, dijo el Relator Especial de la ONU sobre la Cuestión de la Tortura, Juan Méndez, al concluir su visita de 12 días al país.
Es una práctica generalizada, dijo, pues parece que entre todas las instancias de gobierno se ha normalizado la tortura y los malos tratos, como insultos, amenazas, golpes, violencia sicológica e incluso el uso de toques eléctricos y de bolsas para asfixiar, en algunos casos.
Destacó que las detenciones violentas y el apremio por obtener información son comunes entre autoridades de los tres niveles de gobierno y se observan con mayor regularidad entre los más vulnerables.
El funcionario de la ONU detalló que la mayoría de los detenidos son personas de escasos recursos que no tienen acceso a abogados particulares.
Méndez también afirmó que el mayor número de casos en los que se presume se comete tortura ocurre entre la detención y la puesta a disposición de un probable responsable ante el Ministerio Público. Indicó que la tortura en general se produce en vehículos, en traslados y en casas de seguridad, antes de que las víctimas sean presentadas ante un juez, además de que las detenciones con frecuencia van acompañadas del ingreso a viviendas sin orden de cateo, así como destrucción y robo de propiedad privada.
Y en este contexto "la carga de la prueba suele recaer sobre la persona que alega ser torturada", manifestó el relator.
Aseguró que los actos de tortura que se cometen en el país normalmente quedan en la impunidad y que hay una tendencia a primero detener y luego investigar los delitos, lo que incrementa la vulnerabilidad de los detenidos.
Durante la conferencia de prensa en la que presentó sus conclusiones y recomendaciones preliminares, el funcionario pidió al Gobierno mexicano poner fin al ciclo de impunidad en los casos de tortura. Asimismo, expresó que confía en que el Estado mexicano elimine la figura del arraigo antes del 2016.
El relator especial terminará su informe en tres o cuatro semanas, al cual agregará una serie de recomendaciones para remitirlo de forma privada al Gobierno federal. El Estado mexicano tendrá 30 días para dar una respuesta a las observaciones realizadas.
Agencias
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