Ciudad de México.- Se cumple una semana del escándalo en el que diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) fueron exhibidos por Reporte Índigo, que evidenció que habían contratado una mansión y unas “escorts” (acompañantes) para tener una fiesta mientras realizaban su reunión plenaria en enero pasado, en Puerto Vallarta, Jalisco.
El video público, que seguramente no se ha mostrado todo, muestra a los diputados en actividades “moralmente comprometedoras”. Beben y bailan. Pero la imagen que realmente es ofensiva es cuando tocan de una forma lasciva a las mujeres con las que bailan.
El diputado Luis Alberto Villarreal García, quien sale en el video, aseguró que no se utilizaron recursos públicos para realizar esta reunión y recalcó que ésta fue un evento privado, en horario no laboral y, por lo tanto, no del PAN.
Sin duda, las actividades personales, son eso, parte de la vida privada a la cual tenemos derechos todas las personas. Sin embargo, el diputado se equivoca en tratar de defenderse con ese argumento porque en primera es un servidor público, representante social y él bien sabrá que hay una imagen que cuidar y con la cual ser congruente.
Y, en segunda, porque pertenece a un partido que desde sus inicios se ha presentado como un defensor de la “moral y las buenas costumbres”.
Tanto así que en temas tan controversiales como la interrupción legal del embarazo se ha manifestado por la “defensa de la vida desde la concepción”, pues ha dicho que el aborto es un asesinato.
No olvidemos que también existen algunas personalidades panistas que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de las parejas del mismo sexo y la defensa de sus derechos fundamentales, como lo hicieron público el senador panista José María Martínez y otros al instalar en meses pasados la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano.
Entonces, participar en una reunión en la que se contrataron “escorts” ¿no atenta contra la moral y las buenas costumbres panistas?
¡Ahhh!, eso no, porque siguiendo con la lógica de Villarreal, aquí las “putas”, como mal las han llamado los medios y la opinión pública, son ellas y los diputados son los hombres que sólo las contratan para divertirse “en lo privado”, y eso no se debería juzgar, según él.
Haré un paréntesis. Aquí vemos otras aristas. El tema de lo “público y privado y el del lenguaje sexista”. A ellos se les juzga por no ser congruentes con la imagen de su partido o porque es un golpe político que favorece a la oposición, pero nunca se les dice ni “zorros”, ni “putos”, ni “teiboleros” porque en el sistema patriarcal las palabras tienen distinta connotación cuando se aplican a mujeres y hombres.
A las “escorts” se les llama “putas”, “teiboleras” o “chicas de la vida alegre”. En fin... éste es otro tema.
Seguiré con mi exposición. Sin duda, este acto comprueba la doble moral de los panistas y de la clase política. Digo la clase política porque no son los únicos servidores públicos que han sido evidenciados de esta forma.
El portal de noticias Sin Embargo publicó la nota “10 CLAVES. Sexo y política: escándalos protagonizados desde todos los partidos y en cualquier tipo de cargo”, en el que se enlistan diversas situaciones similares al ya mencionado escándalo panista.
En esta nota se menciona al perredista Rubén Escamilla Salinas, al priista Mario Marín Torres, al entonces panista Francisco Solís Peón, mejor conocido como “Pancho Cachondo”, y otros casos que gracias a las redes sociales han salido a la luz pública.
Así, se puede ver que no sólo los panistas son los que realizan este tipo de prácticas incongruentes con su papel de servidores públicos y representantes sociales, y no porque esté naturalizado o normalizado quiere decir que esté bien el uso de los cuerpos de las mujeres como diversión de borrachos.
Lo grave, al analizar estos casos, es la respuesta que sus partidos han dado a la ciudadanía.
Regresemos con el escándalo panista con el cual empezamos. La respuesta del PAN, a través de su líder nacional, Gustavo Madero, fue: “Los comportamientos particulares de nuestros militantes no podrán pasar sin consecuencias cuando afecten la imagen y vida de nuestro partido”.
Respuesta que en los hechos se quedó corta pues la única acción que hubo fue destituir a Luis Alberto Villarreal García como coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y hasta la fecha el jefe panista descartó más cambios en sus bancadas o en la estructura directiva de su partido.
Inclusive, aseguró –igual que el PRI-DF– que estos sucesos, como los de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, no afectarán a su partido para las próximas elecciones. Y para los demás implicados ¿cuál será su sanción?
Algo interesante está en las palabras de Madero “nuestros militantes”. No se trata de militantes comunes, se trata de servidores públicos, representantes sociales que reciben un salario por su trabajo pagado con nuestros impuestos, que mínimo deberían ser destituidos de su cargo como diputados.
Algo similar pasó con el caso Cuauhtémoc de la Torre, pero aún más grave. Después del escándalo, ni siquiera fue destituido, fue retirado de su cargo con la categoría de “licencia”. Después, él presentó su renuncia. Y, luego, como resultado de un proceso de “elección”, los priistas eligieron nueva dirigencia capitalina.
Lo grave, en ambas situaciones, es que los panistas, por su parte, siguen en su cargo de diputados, y Gutiérrez de la Torre, como militante.
Y lo más grave aún es que los dirigentes nacionales de ambos partidos, PAN y PRI, son tibios. Madero, ya lo dijo, no habrá más cambios. Y César Camacho dice que Cuauhtémoc tiene la “puerta abierta” y argumenta: “…No sólo es respetable (Cuauhtémoc) sino importante y un partido no podría ser totalmente incluyente si no respeta a todos quienes han entregado tiempo e intelecto por el partido”.
Destitución es lo mínimo, expulsión y cárcel sería lo correcto.
Cimac Noticias
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