Por: Ricardo Monreal Ávila.- El secuestro y desaparición de 43 normalistas en el estado de Guerrero ha evidenciado que la primera reforma estructural que debió haberse promovido desde el Pacto por México fue la del Estado de Derecho, en sus componentes de aparatos de seguridad pública, procuración de justicia y sistema judicial. De manera especial para enfrentar dos fuentes estructurales de injusticia en el país: corrupción e impunidad.
A casi un mes de la tragedia de Iguala, resulta incomprensible para el país y el mundo (a juzgar por los severos juicios de la prensa internacional), que un gobierno que se propuso mover a México a través de reformas estructurales, ahora se encuentre paralizado y pasmado frente a este hecho.
La primera conclusión de lo ocurrido en Iguala es que el crimen organizado es directamente proporcional a la desorganización del Estado para combatirlo. A más desorden y proliferación de cuerpos de seguridad pública, mayor organización y fuerza del crimen. La actual estrategia apostó a la “coordinación” de los tres niveles de gobierno. Pero, ¿que tipo de coordinación puede haber entre la federación y unas policías locales al servicio del crimen regional?
La segunda conclusión es que el crimen organizado en México es ante todo crimen protegido. Es a partir de la protección que brinda la autoridad municipal, estatal, federal, o una combinación de ellas, que el crimen se organiza, crece y se reproduce a plena luz del día, sin contrapeso ni sombra alguna.
La tercera observación es que no basta con abrir la llave del presupuesto de seguridad pública para reducir la inseguridad. Llevamos ocho años con partidas de seguridad que año tras año aumentan por encima del 10% y la inseguridad no sólo no se detiene, sino que se transmuta: por ejemplo, bajan las ejecuciones, pero crecen las extorsiones; bajan los secuestros, pero crecen los asaltos a casa habitación o en la vía pública.
A mayor gasto público en seguridad, mayor proliferación de delitos. La encuesta del INEGI “victimización y percepción sobre seguridad pública 2013”, es contundente. Una tercera parte de los hogares del país reportaron al menos una víctima de delito, casi 28,000 víctimas por cada 100,000 habitantes, 27.8 millones de delitos en 2013, de los cuales sólo el 8% se denunció. Es decir, una cifra negra de más de 25 millones de delitos no reportados por las víctimas. Son tasas africanas de inseguridad, impunidad y victimización, pero con mucho mayor presupuesto que los países africanos.
La cuarta observación: no por mucho desaparecer del discurso oficial el tema de la inseguridad pública, se puede engañar a la realidad. El gobierno federal modificó la narrativa oficial sobre este problema (simplemente dejó de hablar del mismo), pero continuó con la misma estrategia de su antecesor privilegiando capturas de cabezas, militarizando calles y carreteras, tolerando violaciones a derechos humanos, solapando exterminios de fuerzas oficiales y dejando intactas las redes de lavado y reproducción económica. ¿Por qué habría de dar resultados diferentes la aplicación de la misma estrategia fallida?
La quinta conclusión es que la incapacidad para diseñar una estrategia de seguridad eficaz y eficiente es multipartidista. En tres meses, tres gobiernos locales de tres partidos diferentes han dado muestras fehacientes de esa insuficiencia: Tlatlaya, Estado de México, PRI; Atlixco, Puebla, PAN; Iguala, Guerrero, PRD. Cualquier propuesta de una política de Estado para mejorar la seguridad y la procuración de justicia por parte de los principales partidos representados en el Congreso, deberá acreditarse previamente con una práctica diferente en el ámbito local donde gobiernan.
La sexta y última observación proviene de la Ley de Murphy. Cuando uno supone que ya nada podría salir mal en Iguala, se presenta un manejo peor. El mismo día en que la PGR publica un desplegado ofreciendo hasta 1.5 millones de pesos por información válida que lleve a la localización de los normalistas desaparecidos y otra cantidad similar sobre los autores intelectuales de estos hechos (lo que en sí mismo es una confesión pública de incompetencia y una rendición de la investigación policial).
Ese mismo día se presenta a la sede del ministerio público federal un sacerdote que por profesión y vocación está impedido para mentir y levantar falsos testimonios (so pena de infringir el octavo mandamiento), a proporcionar información sensible sobre el caso, y es rechazado en dos ocasiones, sin justificación alguna. ¿Hay testimonios de primera y de segunda? ¿Hay testigos de fiar y de desconfiar? ¿Se quiere resolver la crisis o solo administrar su desenlace?
Son preguntas que revelan que después de Iguala algo está podrido en el país.