Guerrero.- A 27 días del ataque armado en Iguala contra normalistas, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, anunció su dimisión al cargo para bajar la tensión social y las manifestaciones radicales que exigen la presentación con vida de 43 normalistas y el enjuiciamiento de los responsables.
En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega, advirtió que aún está en el aire si se concederá o no licencia a Aguirre.
Dijo que aunque el PRD ya haya hecho sus acuerdos, serán los diputados de Guerrero los que definan si se concede la licencia al cargo a Ángel Aguirre y se designa a un gobernador interino o si se le niega la licencia y entonces tendría que seguir al frente del cargo.
El legislador del PRD en Guerrero dijo que a partir de que Ángel Aguirre pidió licencia al cargo, quien asume la función de gobernador en tanto se nombra un interino o se desecha la solicitud de licencia es el secretario de Gobierno, Jesús Martínez.
Ángel Aguirre se convirtió en el segundo gobernador de Guerrero que pide licencia renuncia tras un ataque contra civiles.
Rubén Figueroa Alcocer sólo gobernó tres años, luego de que el 28 de junio de 1995 ocurriera la masacre de Aguas Blancas, donde fuerzas del estado ejecutaron a 17 campesinos, hecho del cual se responsabilizó a Figueroa, obligándolo a pedir licencia definitiva ante el Congreso del Estado el 12 de marzo de 1996. El Congreso de Guerrero designó a Ángel Aguirre Rivero como gobernador sustituto.
Dieciocho años después, Ángel Aguirre se vio obligado a renunciar ante la presión de los normalistas de Aytozinapa y padres de los 43 desaparecidos que negaban el reconocimiento a Aguirre en las investigaciones, y la presión de manifestaciones radicales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).
“Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto, no habría objeción en ello, y señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia.
“En razón de lo anterior para favorecer un clima político que ponga la atención en estas prioridades, he decidido solicitar licencia al Congreso del estado”, dijo.
Antes de retirarse, Ángel Aguirre dijo que se iba bajo protesta, pues su salida del gobierno no era el debate principal, sino la búsqueda y localización de los 43 jóvenes desaparecidos.
Dijo que presentará al Congreso del estado y a la Comisión Estatal, Nacional e Interamericana en Derechos Humanos, un documento donde explica las acciones que hizo su gobierno desde el pasado 27 de septiembre, cuando ocurrieron los hechos violentos en Iguala, y para que quede precedente, dijo, que notificó al gobierno federal.
“En este escenario de tragedia me niego a que el debate público se centre en que si el gobernador debe o no permanecer en el cargo. La prioridad debe ser continuar con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y los responsables sean castigados”, puntualizó.
“Ésta es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo y al que he dedicado gran parte de mi vida”, aseguró.
De acuerdo con fuentes del gobierno de Guerrero, revelaron que Ángel Aguirre Rivero entregó la batuta de la administración estatal a la dirigencia nacional del PRD que encabeza Carlos Navarrete, órgano en el que se negó el apoyo al senador Sofío Ramírez Hernández para concluir el periodo de Aguirre, y en cambio se ofreció el apoyo a la secretaria de Desarrollo Social de la entidad, Beatriz Mojica Morga.
PRD afirma pidió su renuncia
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD se adjudicó la solicitud de licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. De acuerdo con Carlos Navarrete, líder nacional desde la noche del miércoles, “demandamos” al titular del Ejecutivo estatal la presentación de la licencia.
“Les pedimos a los diputados de todos los partidos (en Guerrero) el nombramiento de una persona que reorganice al gobierno, abra canales de diálogo y se sume a las investigaciones para encontrar a los jóvenes y fincar responsabilidades”, dijo.
Algunos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional avalaron el pronunciamiento; sin embargo, otros como René Bejarano se inconformaron porque la cúpula perredista se negó a incluir un párrafo -en el documento- en donde se requería que los titulares de la SSP federal y PGR también se separaran del cargo, en tanto se realizan las investigaciones.
El Economista