Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato Alberto Almeida, defensor de derechos humanos y del medio ambiente de Chihuahua, México. La CIDH urge al Estado mexicano a conducir una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en las que tuvo lugar, así como su posible relación con sus actividades como defensor de derechos humanos.
Según información de público conocimiento, Alberto Almeida fue asesinado el 24 de febrero de 2015 por personas no identificadas que le dispararon varias veces en el estacionamiento de un centro comercial. El defensor se encontraba acompañado de su hija y esposa.
Alberto Almeida Fernandez, ex alcalde de Villa Ahumada y miembro del grupo de defensores de derechos humanos El Barzón de Villa Ahumada, defendía el desierto chihuahuense de la degradación por actividades de explotación de los recursos naturales allí existentes. Según la información recibida, el defensor exigió el cese a la sobreexplotación del acuífero Flores Magón Ahumada, y presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República alegando que eran ilegales las perforaciones de pozos del Rancho Santa Rita, lo que ocasionó la clausura de algunas de ellas.
Adicionalmente, Alberto Almeida Fernandez participó en acciones exigiendo justicia para los asesinatos en octubre de 2012 de Ismael Solorio y Manuelita Solís, sus compañeros en la defensa del medio ambiente. En noviembre de 2012 la Comisión otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad de los hijos de los líderes asesinados, y en febrero de 2013 se amplió la medida cautelar para proteger la vida e integridad de varios miembros de la organización Barzón.
La Comisión llama al Estado a continuar con las investigaciones de oficio garantizando que sean conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y siguiendo diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si el asesinato de Almeida podría estar vinculado a su labor como defensor de derechos humanos.
La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan. En este sentido, la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho. En consecuencia, la CIDH insta al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.