Por Carlos Puig: En abril de 2013, la joven Andrea Benítez quiso comer en el Maximo Bistrot y cuando no pudo armó tal lío que su papá, Humberto Benítez Treviño, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, terminó mandando a clausurar el premiado restaurante de la colonia Roma. El suceso se conocería como Lady Profeco.
El presidente Peña y su equipo, con apenas meses en Los Pinos, reaccionaron con rapidez, echaron a Benítez Treviño, hombre cercano a Peña, mexiquense de cepa. Se fueron además los cercanos al ex procurador. El asunto se terminó en la opinión pública y hasta creó una percepción de eficiencia e intolerancia frente al abuso de parte del recién estrenado Presidente.
Dos años más tarde un vecino de Bosque Real aficionado a las aeronaves fotografió al titular de la Conagua, David Korenfeld, otro mexiquense amigo del Presidente, subiendo a su familia a un helicóptero de la comisión, que los llevaría a un aeropuerto para después ir a Vail a esquiar. Cuando la foto circuló en redes, la Oficina de Comunicación Social de la Conagua mintió, argumentando que todo era parte de un asunto médico al que tenía que acudir acompañado de su familia.
Entre el evento del Maximo Bistrot y el helicóptero en Bosque Real, nos enteramos de las casas financiadas o rentadas por Higa a la campaña, la primera dama y el secretario de Hacienda. Y sucedió, por supuesto, la resurrección de la Secretaría de la Función Pública y el nombramiento de Virgilio Andrade.
A diferencia del caso Profeco, en el asunto Korenfeld la Presidencia ha querido dar apariencia de fuerza e independencia a Andrade y que sea él quien sancione.
Hay un problema, sin embargo.
El código penal define el peculado en su artículo 233 así: “Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”. Dice el mismo código que todo peculado merece cárcel, de dos meses a muchos años, dependiendo el monto de lo “distraído”.
Presidencia ha puesto sobre Andrade el peso de demostrar cómo se trata a un amigo del Presidente que ha sido pillado en una ilegalidad. Y lo tendrá que hacer pensando en casas blancas y de otros colores.