Madres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, acusaron que Enrique Peña Nieto ignoró todos sus cuestionamientos y no les brindó un trato sensible, durante la reunión que sostuvieron ayer en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en esta ciudad.
En conferencia de prensa en el Zócalo capitalino, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, expresó que el titular del Ejecutivo federal no se comprometió a cumplir ninguno de los puntos que pedían las familias, entre ellos la creación de la Unidad Especializada de Investigación; relanzamiento y concentración de la búsqueda de normalistas; castigo a los funcionarios que participaron en la construcción de la “verdad histórica”; mecanismos de comunicación permanente, y el cese a la represión contra la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Carmen Mendoza, madre del desaparecido Jorge Aníbal Cruz Mendoza, detalló que durante la reunión con Peña Nieto lo cuestionó directamente sobre quién es la persona responsable de dar órdenes a las fuerzas armadas y a la policía.
No obstante, relató, el Ejecutivo ignoró abiertamente su pregunta, al igual que las de las otras tres madres (Joaquina García Velázquez, Cristina Bautista y María de Jesús Tlatempa Bello), quienes se atrevieron a tomar el micrófono para increparlo directamente sobre el paradero de sus hijos. “Su sola mirada nos lo dijo todo”, expresó Carmen Mendoza sobre la actitud de Peña Nieto.
María de Jesús, madre del desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, rechazó que las familias hayan quedado conformes con la reunión y que, por el contrario, estaban “muy enojadas”, por lo que lanzó un ultimátum al Ejecutivo: “Tiene que elegir si está con el pueblo o con la delincuencia organizada”.
En breve entrevista, esta madre contó que con ella fueron cuatro las madres que le hicieron preguntas específicas a Peña Nieto, pero que –contrario a lo que querían las familias– éste habló hasta el final y no respondió nada a los cuestionamientos de las mujeres.
“Le dio mucha vuelta al asunto, que se lo iba a dar (las peticiones de las familias) a la Procuraduría General de la República (PGR) a que ella lo analizara, y puro analizar y pura vuelta al asunto. Eso fue lo que nos enojó, contestó lo que quiso y no lo que tenía que haber respondido en cada pregunta.
“En verdad que no se portó a la altura como un presidente se debía haber portado; se portó como cualquier persona esquivando todos los puntos que estábamos diciéndole”, criticó María de Jesús Tlatempa.
También se quejó de que al entrar a la reunión hubo una revisión exhaustiva a las madres y padres, quienes llevaban más de 12 horas de ayuno y sólo traían su ropa puesta.
Berta Nava Martínez, madre del asesinado Julio César Nava, confirmó a esta agencia “el desprecio” de Peña Nieto a las interrogantes, y agregó que la exigencia explícita de Joaquina García –también ignorada– fue que cesara la criminalización contra los estudiantes de la Normal y las familias.
Incluso Cristina Bautista le entregó al Ejecutivo un documento con más de 300 mil firmas a favor de su destitución.
Marisa Mendoza, esposa del asesinado Julio César Mondragón, también se dijo insatisfecha con la reunión y relató que el encuentro inició media hora después de lo acordado y tras una revisión “de pies a cabeza”.
Precisó que cuando las familias decidieron levantarse para concluir la reunión, inmediatamente se formó una valla de uniformados que impidieron que salieran hasta que el Ejecutivo abandonara la sala.
“Cuando terminó la reunión se portaron muy groseros todos los que estaban con el presidente. Para mí fue una grosería porque tanto él como nosotros merecemos respeto”, agregó.
En la conferencia de las familias se informó que Peña se limitó a enumerar seis supuestos acuerdos que las familias rechazan al considerar que “no son sustanciales”, o que ya habían sido acordados con anterioridad, como la creación de una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, atención médica para las familias, y “continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó”.
Las familias también criticaron la actuación de la procuradora general de la República, Arely Gómez, de quien dijeron que tenían la expectativa de que por ser mujer sería “más sensible” que su antecesor, Jesús Murillo Karam.
En la reunión con el Ejecutivo estuvo presente el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, entre otros funcionarios federales.
Cimac Noticias