Siendo la instancia que debiera ver por los intereses de las comunidades indígenas, la misma delegación en Chihuahua de la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, ha detenido la obra de agua potable que se desarrollaba en la comunidad de Mogotavo, en el municipio de Urique, denunció este lunes un grupo de habitantes, a través de su vocero Miguel Parra.

Acusaron que la propia delegada de la CDI, Azucena Díaz Zúñiga, dio la orden de detener las obras el dos de noviembre, luego de que fue la misma comisión la autorizó “luego de una reiterada solicitud de la misma comunidad para ser ejecutada por la Junta Central de Agua y Saneamiento, y que llevaba ya un avance del 50 por ciento”.

Dicen que al entrevistarse con la delegada, los argumentos fueron que la comunidad se encuentra en controversia por la tenencia de la tierra y de que se han agotado los recursos para continuar con el proyecto, que beneficiaría a cerca de 30 familias y una escuela primaria; sin embargo, previamente la delegada estaba enterada de esta controversia y aun así había prevalecido el interés y el derecho que tiene la comunidad rarámuri para acceder al servicio de agua potable, que no obstante, hoy se ha hecho a un lado.

Recordaron que un grupo de inversionistas, entre los que se encuentra el ex diputado por Delicias Ricardo Orviz Blake, aseguran ser dueños de la tierra, e incluso presentaron un documento, a pesar de que la tierra les pertenece por derecho ancestral.

Acusaron además que desde su llegada a la ha mantenido una actitud lejana con las comunidades indígenas, cerrando incluso la puerta a las solicitudes que ellos han realizado para entrevistarse con ella, que es a quien le corresponde resolver la problemática, por lo que decidieron darlo a conocer a la sociedad, así como también exigir su cese por actuar en contra de los intereses de la comunidad, a la que debería defender.

Como una prueba de las hostilidades que dicen sufrir por parte de quienes quieren despojarles de la tierra con el fin de construir ahí complejos turísticos que sólo enriquecen a un puñado de empresarios, acusaron de que este mismo lunes el representante de la asociación civil Tierra Nativa, que los ha acompañado en éste y otros procesos, Juan Ríos Vega, fue objeto de un robo en su vivienda, de donde sustrajeron una computadora y documentos con información sobre el caso.
 
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