Nueve gobernadores se van pero dejan pendiente aclarar una estela de manejos dudosos de fondos federales. Los mandatarios salientes de Michoacán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Campeche concluirán sus encargos antes de finalizar 2015 y hasta la fecha no han aclarado manejos irregulares de 16 mil 657 millones de pesos de fondos federales detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante sus respectivos mandatos.
De acuerdo con informes de la Auditoría Superior a junio de este año, el mayor número de irregularidades corresponden al gobierno de Michoacán, con siete mil 764 millones de pesos por aclarar durante los años 2012 y 2013 de la administración del priista Fausto Vallejo Figueroa.
En las observaciones hechas en los nueve estados que hoy se encuentran en transición gubernamental están listados probables daños a la hacienda pública que fueron la norma, pues es recurrente encontrar irregularidades como traspasos a cuentas no autorizadas, dinero generado por intereses o subejercicios que no fue reintegrado a la Federación, compras sobrevaluadas y subutilizadas, uso de los recursos etiquetados para destinos distintos al objetivo de los fondos, así como pagos a personal docente o de salud que no demostró estar calificado para la tarea.
La revisión incluye los fondos de aportaciones para la Educación Básica, para los Servicios de Salud, para la Infraestructura Social, de Aportaciones Múltiples, de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, Aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades Federativas y los convenios celebrados con el gobierno federal.
En términos comparativos, la cantidad detectada como objeto de manejos irregulares en estos nueve estados es similar al presupuesto total del estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2015 que alcanzó los 17 mil 15 millones de pesos.
Michoacán con grandes pendientes
Entre las irregularidades encontradas por la ASF en Michoacán, tan sólo durante el ejercicio 2013, destacan la adquisición de un vehículo con valor de 228 mil 180 pesos que no cumplía con los fines de la Ley de Coordinación Fiscal y que actualmente se encuentra siniestrado, o la compra de medicamentos no incluidos en el catálogo universal de servicios de salud por un monto global de cuatro millones 472 mil 357 pesos a un precio superior al de referencia.
Así mismo se realizaron pagos indebidos a la Sección XVIII del SNTE por conceptos no reconocidos por los convenios laborales, como el “bono de apoyo a la economía”, el “estímulo a la superación educativa” o el bono por “Día del Empleado”, con un valor total de 223 millones de pesos; o se realizaron transferencias del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) por dos mil 139 millones a cuentas no pertenecientes al fondo y sin haber realizado el reintegro total de dichas transferencias.
Un año después de rendir protesta al cargo, Vallejo Figueroa solicitó licencia por motivos de salud y fue sustituido temporalmente por Jesús Reyna García, ex secretario de Gobierno, actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, Estado de México, acusado de vínculos con el crimen organizado.
El secretario de Finanzas y Administración del estado desde enero de este año –en sustitución de José Carlos Rodríguez Pueblita–, Miguel López Miranda, reconocióeste monto de cuentas por aclarar y aseguró que se encuentran en proceso de solventarlo ante la ASF.
Sin embargo, dijo, de no terminar corresponderá a la siguiente administración del perredista Silvano Aureoles continuar con el proceso.
Cuestionado del porqué del alto monto de irregularidades detectadas por la ASF el funcionario dijo: “lo que pudiera comentar es que en principio las obligaciones financieras que pudo haber tenido en ese momento (el estado) es probable que hayan orillado a determinados servidores públicos a fondear con recursos etiquetados otras obligaciones que no tenían recursos”.
El funcionario se refiere al endeudamiento acelerado que se dio en el estado durante la administración del ex gobernador Leonel Godoy, el cual pasó de 9 mil 740 millones a 14 mil 745 millones de pesos; lo que durante la administración de Fausto Vallejo fue una constante queja por la escasez de recursos.
Cuentas por aclarar
En el caso de Nuevo León, la ASF encontró que el gobierno de Rodrigo Medina subejerció 89 por ciento de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), equivalentes a 54 millones 706 mil 700 pesos al cierre de 2013 y la compra de un escáner para localización de cadáveres con valor de un millón 67 mil 200 pesos que se encuentra sin uso.
De acuerdo con Gustavo Alarcón Martínez, contralor Interno del Gobierno de Nuevo León, el monto por aclarar ante la ASF es menor y han enviado la documentación necesaria para solventar las observaciones, entre ellas 23 observaciones por mil 100 millones de pesos, mientras que aseguró se están sosteniendo reuniones con el equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez, para informar sobre el estado de los pendientes ante la ASF.
En Querétaro, la administración de José Calzada Rovirosa en 2013 destinó 225 mil 264 pesos del fondo de Aportaciones Múltiples al pago de prestaciones no autorizadas por el consejo a trabajadores de la Universidad del estado.
En Campeche, bajo la conducción de Fernando Ortega en 2013, la Secretaría de Educación (Seduc) utilizó 6 millones 644 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) para la compra de vales para pavo, uniformes deportivos, medallas, entre otros enseres, considerados no financiables con los recursos del fondo.
En Baja California Sur, el gobierno de Marcos Alberto Covarrubias pagó un millón 688 mil 720 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a seis médicos especialistas que carecen de la documentación indispensable para acreditar el perfil de la plaza para la que fueron contratados.
Mientras en Sonora la administración del panista Guillermo Padrés incumplió con los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y además realizó transferencias por 100 millones de pesos a cuentas bancarias estatales durante seis meses; gastó siete millones 10 mil 500 en una partida distinta a la autorizada y gastó dos millones 877 mil 400 pesos en alimentación de de fondos destinados a otros objetivos.
En San Luis Potosí, la Auditoría Superior encontró que los Servicios de Salud pagaron 514 mil 400 pesos en 2013 a dos médicos que realizan funciones administrativas, además no realizar inventarios rotativos de los medicamentos e insumos médicos adquiridos con recursos del fondo.
En Guerrero, la administración de Ángel Aguirre destinó un millón ochocientos 17 mil 448 pesos del fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud para el pago de salarios a 72 empleados que estaban dados de baja al momento de realizar el cobro.
Por último, durante 2013 en el gobierno de Mario Anguiano Moreno en Colima la Secretaría de Seguridad gastó tres millones 951 mil pesos al pago de apenas 60% del valor de un vehículo blindado Tigger cuya adquisición se realizó un año antes. En tanto, la Coordinación de los Servicios Educativos del estado pagó 166 millones 899 mil pesos en conceptos no financiables con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, entre ellos la celebración de cumpleaños del personal administrativo y la compra de despensas navideñas para los trabajadores.
Hasta agosto, en los informes de la Auditoría Superior de la Federación con fecha a junio no se reportaba o registraba que las autoridades de los nueve estados que cierran su periodo este año hayan subsanado o aclarado las observaciones por estas irregularidades y desvíos de fondos federales por más de 16 mil millones de pesos.Volver a línea automática
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