Amnistía Internacional (AI) exigió a las autoridades iniciar una investigación exhaustiva por el asesinato de la reportera veracruzana Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada por un comando armado y luego asesinada y abandonado su cuerpo en el estado de Puebla.
“El mensaje debe ser muy claro: quienes están dispuestos a no detenerse ante nada para silenciar a los periodistas tendrán que pagar por sus crímenes”, advirtió Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América Latina de AI.
“Además, México debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones increíblemente peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes. El dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen en México equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra”, subrayó.
En su pronunciamiento, AI reiteró que Anabel Flores –cuya muerte se confirmó la víspera– trabajaba para un diario local en el violento estado de Veracruz, uno de los más peligrosos para las y los periodistas en México.
El programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) reportó que las periodistas en ese estado son violentadas por las autoridades, y que desde hace 14 años la violencia contra ellas se incrementó.
Desde 2010, cuando inició el gobierno de Javier Duarte en el estado, CIMAC ha documentado los casos de 35 periodistas mujeres agredidas, incluidos dos casos de feminicidio: el de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, y el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Xalapa, capital de la entidad.
OTRO CRIMEN EN RIESGO DE QUEDAR IMPUNE
Anabel Flores Salazar desde hace cinco años laboraba en la fuente policiaca para periódicos como El Sol de Orizaba y El Buen Tono. Fue sacada de su casa en el municipio de Mariano Escobedo, conurbado a la central ciudad de Orizaba, la madrugada del pasado lunes por un comando armado, y ayer su cuerpo fue localizado en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla.
Tenía 32 años de edad y era madre de dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas 15 días de nacido. Para sacarla de su casa, la tuvieron que arrastrar porque luchó por no ser privada de la libertad, según testimonios de sus familiares.
Por los hechos se abrió la carpeta de investigación 211/2016 de parte de la Fiscalía General del Estado.
“Además, México debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones increíblemente peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes. El dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen en México equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra”, subrayó.
En su pronunciamiento, AI reiteró que Anabel Flores –cuya muerte se confirmó la víspera– trabajaba para un diario local en el violento estado de Veracruz, uno de los más peligrosos para las y los periodistas en México.
El programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) reportó que las periodistas en ese estado son violentadas por las autoridades, y que desde hace 14 años la violencia contra ellas se incrementó.
Desde 2010, cuando inició el gobierno de Javier Duarte en el estado, CIMAC ha documentado los casos de 35 periodistas mujeres agredidas, incluidos dos casos de feminicidio: el de la reportera Yolanda Ordaz de la Cruz, del diario Notiver, y el de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Xalapa, capital de la entidad.
OTRO CRIMEN EN RIESGO DE QUEDAR IMPUNE
Anabel Flores Salazar desde hace cinco años laboraba en la fuente policiaca para periódicos como El Sol de Orizaba y El Buen Tono. Fue sacada de su casa en el municipio de Mariano Escobedo, conurbado a la central ciudad de Orizaba, la madrugada del pasado lunes por un comando armado, y ayer su cuerpo fue localizado en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca con dirección a Tehuacán, Puebla.
Tenía 32 años de edad y era madre de dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas 15 días de nacido. Para sacarla de su casa, la tuvieron que arrastrar porque luchó por no ser privada de la libertad, según testimonios de sus familiares.
Por los hechos se abrió la carpeta de investigación 211/2016 de parte de la Fiscalía General del Estado.
Cimac Noticias