Por Ricardo Rocha.- Fue demoledor. Terrible. Inquietante. La crónica de una revelación anunciada. Luego de escucharlo el domingo, tuve la oportunidad de hablar este lunes con Ángela Buitrago y Carlos Beristáin, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH. De ambas experiencias se desprenden conclusiones que, en este caso doloroso y brutal, lo mismo arrojan luces que conducen a nuevas zonas de oscuridad. Aquí, las más estremecedoras:
—Las policías municipales, estatal, federal y elementos del Ejército monitorearon el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, desde su salida la mañana del 26 de septiembre.
—Tenían orden de investigar, informar y transmitir; en el caso de inteligencia militar, a su cadena de mando, lo que estaba sucediendo frente al Palacio de Justicia de Iguala, y no se sabe qué decisiones se tomaron con relación a lo ocurrido esa noche.
—No se puede afirmar que los estudiantes estén muertos, porque no existe evidencia ni prueba que permita decir que lo están.
—Hay testimonios de gente que estuvo en el basurero de Cocula la mañana siguiente de la desaparición de los normalistas que afirman que ahí no ocurrió nada extraño.
—Existen pruebas fehacientes de que los presuntos inculpados fueron víctimas de tortura.
—Funcionarios de la PGR, encabezados por Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, y algunos detenidos, estuvieron en el río San Juan un día antes de que fuera reportado oficialmente el hallazgo de una bolsa con restos óseos. Se presume que sembraron pruebas. No existe acta circunstanciada de este hecho.
—Es ineludible averiguar el papel y la información de la Policía Estatal de Guerrero, la Policía Ministerial, la Policía Federal y de los miembros del Batallón 27 del Ejército, con sede en Iguala.
—No se está hablando de un caso de desaparición forzada que se comete en la clandestinidad, sino de un caso de desaparición masiva.
—El GIEI llegó hasta donde le fue permitido. Se trazaron rutas y se investigó al máximo; ahora, es un pendiente en la agenda del Estado mexicano. Sólo falta voluntad política.
—La campaña de desprestigio en medios en contra de los trabajos del GIEI tuvo la intención de bloquear la investigación y desviar la atención de lo que sigue siendo realmente importante: encontrar a los jóvenes.
—En el GIEI quedó un sentimiento de frustración ante la posibilidad de avanzar en la investigación; sin embargo, queda en los mexicanos hacer un esfuerzo para que estos nuevos elementos puedan ver la luz pública.
—Lo que más preocupa al GIEI son las familias, que desde hace un año y medio van con la herida abierta sobre el destino de sus hijos. Han sido maltratados, estigmatizados, señalados y criminalizados.
—Que la PGR diga que el caso sigue abierto es meramente una formalidad. Ayotzinapa y otros muchos registrados en el territorio nacional, necesitan una resolución colectiva.
—En una nación democrática la justicia debe ser pública. El juicio y el conocimiento de la sociedad, así como la exigencia de explicaciones, son parte de un Estado justo y transparente.
En un país en el que la clase política ha minado a las instituciones, ha trastocado sin miramientos el bienestar social y ha cancelado el futuro de sus jóvenes, los integrantes del GIEI nos dejan una reflexión que mueve a la esperanza: “México conserva la solidaridad, que nosotros ya hemos perdido en parte”.
El Universal
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