Este lunes se realizará una audiencia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para determinar si el presidente de ese país abusó o no de su autoridad, al emitir en noviembre de 2014 la implementación del programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA, por sus siglas en inglés), así como la expansión de la Acción Diferida para quienes llegaron en la infancia a Estados Unidos (DACA, por sus siglas en inglés).
A través del caso Estados Unidos contra Texas, el tribunal decidirá el futuro de dos programas que podrían tener un impacto positivo para la detención de la separación de familias transnacionales. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), 44% de la población mexicana irregular en Estados Unidos (EUA) es elegible para los programas de DAPA y DACA.
Por lo que la campaña “Nos mantendremos unidas” hace un llamado, desde California hasta Nueva York, para que a través de actividades en las calles la población migrante se haga escuchar y los jueces se pronuncien a favor de las millones de mujeres y familias migrantes que viven con miedo de ser separadas por las deportaciones, en medio de un clima político tenso sobre el tema migratorio.
Bastarán 90 minutos para la presentación de argumentos a favor y en contra, que abonen a la decisión de los jueces. Por lo que se espera escuchar que el Tribunal Supremo de EUA ponga en vigor, lo antes posible, la continuidad de los programas DAPA y DACA que beneficiaran a las 20 millones de mujeres y niñas migrantes que actualmente viven en Estados Unidos.
DAPA y DACA son programas administrativos temporales que ayudarían a millones de personas irregulares en EUA, los cuales pueden ser anulados por el próximo presidente, sin embargo, actualmente constituyen la única posibilidad para detener la separación de familias transnacionales.
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