Por Aída Holguín.- Desde hace casi siete años, en este mismo espacio de análisis y reflexión se planteó el hecho de que el combate al narcotráfico es un tema de atención urgente e ineludible, cuya problemática radica en que los gobernantes, el sistema de procuración de justicia y los cuerpos policiacos no han sido depurados lo suficiente como para que el combate frontal (iniciado por Felipe Calderón) a dicha problemática tenga los resultados deseados. Hoy queda claro que la militarización de la seguridad pública no era (ni es) la solución para atacar el problema desde su raíz.
Si bien es cierto que problema del narcotráfico no es algo nuevo o algo que vaya a ser erradicado por completo, también es cierto que en Chihuahua dicha actividad delictiva se salió de control durante los sexenios de Patricio Martínez García y de José Reyes Baeza, y que Felipe Calderón fue el único que asumió la gran responsabilidad de poner en marcha acciones concretas para el combate al narcotráfico. Con esta decisión, Calderón también aceptó el costo político que pagaría en las elecciones presidenciales del 2012.
Independientemente de que se acepte o no que en aquellos tiempos era urgente y necesaria una estrategia para combatir de forma inmediata y frontal a los grupos de narcotraficantes, hoy está más que claro que sacar al ejército a las calles no fue (ni será) la estrategia adecuada, puesto que los “daños colaterales” fueron excesivos y la problemática -hasta la fecha- no ha quedado resuelta.
En ese escenario, es imposible olvidar que -sin descalificar la labor del Ejército y la Marina como instituciones del Estado- desde que el ejército fue enviado a las calles para enfrentar a los grupos del crimen organizado (particularmente a los narcotraficantes) se han presentado una serie de abusos y actos relacionados con la violación a los derechos humanos por parte de algunos elementos de las fuerzas armadas.
seguridad_interior_mexico2Con ese historial (sin necesidad de entrar en más detalles), resulta imposible aceptar que ahora, a través de una nueva Ley de Seguridad Interior, se pretenda legalizar la labor de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Y aunque los impulsores de dicha ley afirmen que lo que ésta busca es lo contrario; o sea, regresar a los militares a sus cuarteles, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, considera que la ley propuesta es como un “cheque en blanco” para que las fuerzas armadas puedan cometer abusos contra los derechos fundamentales de las personas.
El caso es que, pese a las investigaciones, evidencias, advertencias y recomendaciones en torno al peligro que representa aprobar dicha ley; legisladores y representantes del gobierno federal siguen insistiendo en aprobarla en los mismos términos en que fue concebida; es decir, con fallas de origen (entiéndase redacción ambigua) que legalizan, habilitan y normalizan el hecho de que las fuerzas armadas intervengan las tareas de seguridad pública; lo cual, implica qué más allá de no resolver los problemas que aquejan al país, puede agravarlos considerablemente.
En esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por el escritor, político y diplomático español, Fernando Morán López: “El gran enemigo de la democracia es la militarización del pensamiento político.”
Hola, déjenos un comentario