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Alberta González Calderón tenía 28 años cuando salió de La Gloria, en el municipio poblano de Cuyoaco, para trabajar y tener con qué sostener a su familia: una niña de tres años y un bebé de meses. Vete a la Ciudad de México, le recomendaron familiares, allá se gana un poquito más, y se fue. Su madre cuidaría a sus hijos.

Nunca había estado en la capital, era la primera vez que se separaba de los niños y empezó a vivir entonces lo que miles de trabajadoras del hogar: aislamiento, malos tratos, gritos e insultos de la empleadora, inconforme siempre con el trabajo; contratos verbales, sin seguro médico.

Comenzaba su jornada a las seis de la mañana, sin hora de término, sin horario fijo: limpiar la casa, hacer comida, lavar y planchar, con breves descansos cuando la empleadora se iba a trabajar.  Todo por 900 pesos a la semana, de lunes a sábado. Apartaba 50 ó 100 pesos y el resto los mandaba a Puebla. No salía, para poder ahorrar, y solo iba una o dos veces al mes a ver a su familia.  

A sus 46 años, Alberta trabaja ahora en Cuyoaco a 10 minutos de su comunidad, seis días a la semana, seis a ocho horas diarias. Gana menos de dos salarios mínimos diarios, 700 pesos, pero asegura que es el mejor salario al que puede aspirar en Puebla. Lo que no cambian son las condiciones: sin contrato, sin seguridad social ni prestaciones.

LA MAYORÍA

Como Alberta vive la mayoría de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país, señalan datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi, 2016). Y, según el  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2015), 97 por ciento no tienen acceso a  servicio médico, permiso de maternidad, vacaciones, aguinaldo o instituciones de ahorro,  porque la Ley del Seguro Social no las considera sujetos de aseguramiento.

Sin embargo, el empleo del hogar es una de las labores con mayor aporte económico: 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Me gustaría tener un ahorro, dice Alberta, quiero tener algo más”, retirarme a los 55 años. Por eso ya está averiguando qué opciones hay: quizá “vender tamales, chalupas, o granola”. 

DERECHOS LABORALES

Sandra Azucena Ramírez Guzmán tiene 36 años y vive en Colima. Cuando sufrió despido injustificado, buscó ayuda y la encontró al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho), fundado por Marcelina Bautista en 2015, con presencia en el Estado de México, Puebla, Chiapas y la Ciudad de México.

Ahí se capacitó en derechos laborales y ahora representa a esa organización en la entidad. Cada mañana, en la parada del camión de La Mariana, se acerca a las trabajadoras que van a la zona residencial de El Chanal y las invita a sumarse al sindicato, les informa que pueden aspirar a mejores condiciones, les regala un folleto.

SEGURIDAD SOCIAL

Cuenta Sandra que cuando supo sus derechos, exigió a sus empleadores el Seguro Social. Se lo dieron, pero ahora  le dicen que no le pueden pagar más, “porque ya tiene seguro”. Sin embargo, se siente afortunada, porque es un derecho al que no accede la mayoría de las trabajadoras del hogar. Tiene además un horario y tareas específicas.

Trabaja de 9 de la mañana a las  cuatro de la tarde, por mil 200 pesos semanales, uno de los más altos para el sector en Colima, pero “no le ajusta para nada”, porque “gasta 480 pesos en pasajes y le quedan 700 para comida”, además están los gastos de sus hijos de 15 y 17 años de edad. Un tiempo fue niñera por las tardes, por 90 pesos diarios, pero lo dejó, porque dice que descuidó a sus hijos y terminaba muy cansada.   

La directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez Flores, reconoce las malas condiciones laborales y los regateos de salario que padecen las trabajadoras del hogar. Afirma que esto seguirá así, mientras los servicios del hogar no se formalicen y que la seguridad social es un derecho humano inalienable.  

Sin embargo, el Instituto no tiene un programa para las trabajadoras del hogar y por eso, dice Sandra, es fundamental que se organicen para que ejerzan sus derechos. 

EXPLOTACIÓN LABORAL

María Josefa Díaz Martínez es tzotzil, nació en Tzajalá, municipio de Teopisca y renta un cuarto en una vecindad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Vive ahí con sus hijas, de 13 y 19 años de edad, a quienes mantiene con su trabajo como trabajadora del hogar. Sonríe, se siente orgullosa de su trabajo, pese al camino de maltratos, ataques sexuales y explotación laboral por el que pasó. 

Josefa cuenta que cuando tenía 10 años de edad sus abuelos “la prestaron” para trabajar en una casa de Tuxtla Gutiérrez. “Era triste no estar en mi casa y nunca había vivido con un rico”.

No recuerda cuánto le pagaban, pero sí lo que sufrió: “fui maltratada, golpeada porque no sabía cocinar, me quemaban las manos con el comal para aprender, no sabía en qué mano iban los cubiertos, me ensartaban el tenedor en las manos para que aprendiera”.  

Cuando tenía 13 años de edad, Josefa fue violada por el hermano de su empleadora, pero no denunció porque sabía que no le creerían y no tenía a quién pedir ayuda. Se fue de esa casa cuando el padre de la empleadora intentó abusarla. No le creyeron y regresó a Tuxla, apoyada por una compañera. 

En 2007 conoció a la feminista Coni López, quien la contrató y escuchó su historia. Supo entonces lo que es un trato y un salario dignos y comprendió que habían violado sus Derechos Humanos y laborales. 

Con otras trabajadoras creó el Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas (Cedach), hoy con 15 integrantes.

Lupita, hija de Josefa y trabajadora del hogar desde niña, dice que los sueldos en Chiapas son bajos, desde 40 pesos diarios. Estudia secundaria, asiste a los talleres del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, donde hay  alfabetización y capacitación en derecho laboral, “para que las compañeras aprendan que tienen derechos”. 

Josefa dice que su trabajo es “tan digno como todos” y busca inspirar a las trabajadoras y a sus hijas para defender sus derechos, para que se empoderen y no permitan malos tratos. Quiere que sus hijas terminen una licenciatura, que tengan una casa propia y que las empleadoras reconozcan sus derechos. Quiere una mejor vida para no sufrir. 
CimacNoticias

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