Oaxaca de Juárez.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, donde el 19 de junio del año pasado, se desarrolló una serie de hechos violentos que ocasionaron personas muertas y heridas, así como daño psicológico a docenas de niños y niñas, y reiteraron su condena de los hechos.
Asimismo, hicieron un recordatorio a las autoridades que todo operativo policial debe tener como premisa esencial el respeto del derecho a la vida e integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad. Cualquier uso de fuerza por parte de las autoridades que cause heridos o muertos debe ser investigado de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos.
A la luz de lo anterior, la DDHPO, la CNDH y la ONU-DH exhortaron a las autoridades de procuración de justicia a cimentar y concretar su actuación ante la ausencia de resultados de las investigaciones realizadas. Es cierto que los operadores de procuración de justicia han tenido dificultades de acceso al lugar de los hechos por la falta de confianza expresada por la población en las autoridades encargadas de la investigación. No obstante lo anterior, ésta debería poder identificar las fallas que ocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en este sentido y las personas presuntamente responsables. Como medidas de no repetición, las fallas detectadas deberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de las fuerzas de orden público, tanto estatales como federales.
De manera particular, los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 deben ser interpretados en el contexto histórico y social del estado de Oaxaca. El rezago en el goce igualitario de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, históricamente ha generado un clamor de justicia social que no ha sido debidamente atendido. Las causas estructurales que propician situaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas de forma efectiva.
Las instituciones suscritas exhortaron a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia.
Finalmente, la DDHPO, la CNDH y la ONU-DH reafirmaron su disposición para asistir técnicamente al estado de Oaxaca y a la federación en el avance de la resolución de este caso y reiteran su apoyo y solidaridad a las víctimas y sus familiares.
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