Al no haber notificado en su momento al contador Armando Valenzuela de que ya no era el auditor encargado cuando se lo pidió la Junta de Coordinación Política, y al justificar su permanencia en el despacho, la presidente del Congreso del Estado Blanca Gámez sería responsable de cualquier acción penal que se inicie contra las resoluciones y/o laborales que ha estado realizando en un puesto que no le corresponde.

Así lo dijo la diputada priista Isela Torres, quien habló además de la denuncia que presentó en contra el priista Fermín Ordoñez, ante la Oficialía de Partes para que se separe definitivamente a Valenzuela de la ASE.