Ciudad de México.- El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se suma al enérgico rechazo y condena de la deliberada política de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte del gobierno federal, situación más grave cuando incluye a adolescentes, lo cual evidencia un sesgo de género al tratarse del hijo de una de las periodistas espiadas. Así mismo, reprueba categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente estas agresiones.
Los integrantes de este consejo ciudadano manifestamos nuestra legítima preocupación de que el número de periodistas y activistas de derechos humanos observados con fines maliciosos sea mayor al que conocemos públicamente, esto con base en información obtenida a través de diferentes fuentes.
Es por ello que a la luz del espionaje realizado a personas defensoras y periodistas, el Consejo Consultivo exige:
1.- Que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presente al Consejo un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
2.- Que las autoridades integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo cumplan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en relación a este caso.
3.-Instamos a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República a que realice una audiencia pública sobre este tema a la brevedad posible y cite a comparecer ante el Senado a los funcionarios públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que al menos dos de las instituciones que forman parte de la Junta de Gobierno del mismo, como son la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de derechos humanos, a la legalidad y a la obligatoriedad de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, desde la creación del Mecanismo, el Consejo Consultivo ha tenido conocimiento de graves agresiones, como asesinatos, desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimientos a periodistas y personas defensoras, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, la respuesta desde el Mecanismo no ha logrado articular una política de Estado que de solución de fondo a estas agresiones y proporcione garantías de no repetición. Las acciones han quedado como un esfuerzo aislado que a la fecha sigue sin ser suficiente.
Adicionalmente, el Consejo Consultivo observa un fuerte deterioro en los procedimientos empleados por el Mecanismo, así como serias deficiencias en la aplicación de los planes de protección a personas en riesgo, reflejo del escaso respaldo que se tiene al más alto nivel y la cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno, como el caso de la PGR, lo que nos coloca ante una disyuntiva sobre el papel que debemos asumir al interior del Mecanismo como representantes de las necesidades de protección de defensores, defensoras y periodistas.
Hasta el día de hoy, quienes integramos el Consejo Consultivo nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado.
En más de una ocasión hemos reiterado la prioridad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que impida al Estado y otros actores agredir a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Esta política, consideramos debe ser integral y por lo tanto incluir investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a la identificación y sanción de los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores, y la adopción de marcos legislativos que promuevan –y no restrinjan- derechos, evitando la criminalización o judicialización como medios de restricción del derecho a defender derechos humanos y a ejercer el periodismo.
Finalmente, instamos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país. Ante este panorama que vivimos en México resulta necesario y urgente que el Estado Mexicano acepte la visita formal y conjunta de las Relatorías para la Libertad de Expresión del Sistema Universal y del Sistema Interamericano.
Atentamente,
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:
Alberto Xicotencatl Carrasco
Alejandro Anaya Muñoz
Araceli Domínguez Medina
Araceli Magdalena Rodríguez Nava
Lucía Lagunes Huerta
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco
Pilar Tavera Gómez
Stefan Zimmer
Víctor Ruiz Arrazola
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