Por Aída María Holguín.- Como ya se sabe, este primer año de gobierno de Javier Corral Jurado se ha desarrollado en medio de una serie de eventos desafortunados.
Entre esa serie de eventos desafortunados, destaca el caso de la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico. Y es que aún y cuando la actual ola de violencia no se acerca a la que se desató durante la segunda mitad del sexenio encabezado por José Reyes Baeza, la situación es -en definitiva- preocupante e inaceptable.
Tan preocupante e inaceptable resulta, que hay quienes se han ido al extremo de asegurar que, con Javier Corral, la violencia en Chihuahua regresó a los mismos niveles del 2010; no obstante, ésta afirmación es demasiado superficial porque hace hincapié en que Corral acabó con las mágicas, acertadas y eficientes estrategias que, en materia de seguridad pública, se implementaron durante los últimos años (o sea, en el sexenio de César Duarte).
El asunto es que, si bien es cierto que estamos atravesando por una etapa violenta, también es cierto que para explicar y entender los niveles de violencia (y la manera en que ésta se manifiesta) en torno al crimen organizado y, sobre todo, al narcotráfico; primero es necesario hacer un amplio recorrido y análisis en retrospectiva sobre la relación que, en cada sexenio, ha existido entre el modus operandi de los delincuentes (crimen organizado y narcotraficantes) y de la clase política en el poder.
Sin duda alguna, desde su inicio, en el gobierno de Javier Corral recaía la nada fácil responsabilidad de hacer todo lo necesario para garantizar condiciones reales de seguridad (lo cual no incluye una estrategia mediática para ocultar hechos y cifras, como sucedió en el sexenio anterior). Por obvias razones, esas garantías dependen de una verdadera voluntad política.
Ilustración: Víctor Solís
Voluntad política entendida y asumida en su amplio sentido; es decir, como eje orientador del Estado, y no como una línea discursiva que solo se queda en eso, en discurso. Dicho en otras palabras, es urgente y necesario que las autoridades y funcionarios de todos los órdenes y niveles de gobierno actúen en conjunto. Solo de ese modo será posible restaurar la paz y tranquilidad que desde hace mucho tiempo se perdió, y que nadie ha sido capaz de recuperar por falta de voluntad política.
De muy poco -o nada- sirven los esfuerzos aislados y las voluntades individuales (como sucede con el actual gobierno estatal), si no hay un verdadero compromiso del Estado mexicano para inhibir la violencia en el país. Es por eso, que ahora más que nunca resulta trascendental que la voluntad política que dice tener el Estado, se traslade del discurso a la acción; esto último, en consideración de que se trata de un elemento decisorio y definitorio en el triunfo o fracaso del combate al crimen organizado y el narcotráfico.
¿Que la implementación de acciones necesarias será costosa? Es verdad, sin embargo, el costo económico, comparado con el costo que representa la violencia, es mínimo. Sobre todo, si se considera que el beneficio (social, financiero, económico, etc.) que éstas traerían a mediano y largo plazo, no tiene precio.
En esta ocasión concluyo con lo dicho alguna vez por la líder indígena y derecho humanista guatemalteca, Rigoberta Menchú: “No perdono un gobierno que me diga que no tenemos recursos porque somos pobres. No, tienen el poder en sus manos: o son consecuentes o no tienen voluntad política”.
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