La diputada Blanca Gámez Gutiérrez, convocó a los tres niveles de gobierno a participar y coadyuvar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y; al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para que realice un diagnóstico de la situación actual de las guarderías y estancias infantiles en el Estado de Chihuahua, y en su caso incrementar el número de las mismas.
Lo anterior a través de un Punto de Acuerdo mediante el cual solicita además: A la Secretaría de Gobernación, dé cumplimiento a todas las recomendaciones que ha hecho el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para México, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y a cualquier instancia que tenga por objeto el fortalecimiento y empoderamiento de las políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, cuenten con recursos humanos, materiales y financieros suficientes.
A la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para crear y poner en marcha un Plan para fortalecer a la Fiscalía Especializada en atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género para hacerla eficiente, efectiva y funcional; así mismo en la revisión y, en su caso reconfiguración del área de búsqueda de personas ausentes y no localizadas, para que puedan ajustar sus actuaciones de manera que se realice un mayor despliegue de acciones dentro de las primeras horas posteriores al reporte de desaparición o ausencia de niñas y mujeres.
Al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que se aplique el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y se genere por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado el diseño e implementación de un plan de profesionalización en materia de derechos humanos con perspectiva de género e interculturalidad.
Mencionó también que así como las empresas, la sociedad y el gobierno deben coadyuvar en la generación del cambio, es importante que los medios de comunicación asuman su responsabilidad, pues sabemos que sus funciones han evolucionado de informar y entretener a educar, persuadir, orientar y formar opinión pública para servir a la sociedad.
La propuesta, dijo la legisladora, está basada en los datos recientes del INEGI que se derivan de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016), y que arrojan que en el país, 66.1% de las mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación.
“Chihuahua en el año 2015 ocupó el segundo lugar de mayor índice en la tasa de asesinatos de mujeres, rebasado sólo por el estado de Guerrero y; a finales de octubre del presente año, el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó que 7 de cada 12 feminicidios registrados por día en Latinoamérica suceden en México, lo que representa el 58.33% de ellos”, señaló la legisladora.
Además, la brutalidad de las agresiones también ha llegado a niveles preocupantes, todos los días mujeres y niñas son violadas, torturadas, mutiladas, descuartizadas y sus cuerpos arrojados en predios, lotes baldíos, parajes desiertos y carreteras.
Por lo expuesto es nuestra obligación como legisladoras y legisladores trabajar para que cada desaparición o privación de la vida de una niña o una mujer sea investigada en su contexto y dimensiones de género; para que los responsables de los hechos sean sancionados con todo el peso de la ley; para que las autoridades que se coluden con feminicidas, o sean omisas en cuanto a sus responsabilidades de investigación, consignación y sanción de los responsables, tengan consecuencias también por su corresponsabilidad; porque sólo en un clima de impunidad aflora una cultura permisiva hacia al asesinato de niñas y mujeres, en donde la violencia se normaliza y el daño a la integridad no tiene consecuencias, concluyó.
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