A partir del 2014 se ha registrado un incremento en la expulsión de familias provenientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) debido al recrudecimiento de la violencia, la mayoría con necesidades de asilo o protección complementaria en otro país. Ante esta necesidad, México debe mejorar su sistema de protección internacional, señala el Informe “Familias centroamericanas migrantes en México”, que detalla el Instituto de las Mujeres en Migración, Imumi.
El escalamiento de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras ha tenido efectos devastadores en mujeres, niñez y adolescencia, quienes no encuentran protección por parte de sus Estados. Entre 2013 y 2016 se quintuplicó el número de personas que migraban en unidades familiares y que fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera con México. En 2015, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más del 80% de las mujeres centroamericanas entrevistadas por los oficiales de asilo de Estados Unidos presentaba un miedo creíble de persecución, por lo que eran elegibles para solicitar asilo.
El informe muestra, a partir del análisis de las estadísticas migratorias mexicanas y estadounidenses, el incremento de familias, principalmente compuestas por madres y sus hijas e hijos, en los flujos migratorios. A su vez, presenta sus necesidades de protección internacional y la respuesta de disuasión y contención migratoria que ha tenido el gobierno de México ante este éxodo.
En México, hay un incremento en el número de solicitudes de asilo de personas provenientes de esos países, especialmente durante 2016 y 2017. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre 2015 y 2016 las solicitudes de asilo crecieron 157%. En 2016, sólo el equivalente al 2% de las personas del TNC detenidas en México alcanzó protección internacional. Para el 15 de agosto del 2017 se registraba prácticamente el mismo número de solicitudes que en 2016 (más de 8,700). A ello se sumó la suspensión de forma indefinida de los plazos para emitir decisiones sobre solicitudes de protección internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de octubre, lo que ha dejado en el limbo jurídico a más de 5,000 personas cuyo trámite de reconocimiento está suspendido.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, entre 2011 y 2016 la presencia de mujeres y niñas en los eventos de detención aumentó 3 veces más que la de los hombres. A su vez, la migración de madres provenientes de El Salvador y Guatemala, que migraron con sus hijas e hijos, incrementó 25 veces entre 2011 y 2015, según datos de la Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur. Entre 2014 y 2016, el Instituto Nacional de Migración deportó a más de 421 mil personas de los países centroamericanos, muchas de ellas familias, niñas y niños con necesidades de protección internacional.
Dicho informe, también emite una serie de recomendaciones a distintas instancias de gobierno para el diseño de políticas públicas de protección e integración de estas familias al país. Entre ellas, la generación de estadísticas migratorias sobre familias; implementación de medidas de no detención para las familias migrantes; el incremento de alternativas a la detención de la niñez migrante acompañada y no acompañada; el aumento de la expedición de Visas Humanitarias; y la promoción del acceso a la protección internacional y la justicia para las personas migrantes.
Si México busca fortalecer su posición frente a Estados Unidos, diversificar sus relaciones con otros países y mejorar su imagen en el ámbito de los derechos humanos, requiere cambiar su política migratoria hacia sus vecinos del sur. De esta manera podría demostrar a la comunidad internacional que participa en la crisis de Centroamérica con una política de protección, en lugar de adoptar políticas de disuasión, detención y deportación que violan sus leyes nacionales y compromisos internacionales.
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