Interrupción del embarazo: ¿permitida o prohibida?
En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida en condiciones seguras.
Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación.
En Colombia, a partir de 2006 se despenaliza el aborto en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual, cuando la vida del feto es inviable fuera del útero y cuando peligra la salud o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente cuando la vida de la madre corre peligro.
Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explica la abogada Barrios.
Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo.
Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada, pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela.
A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor, señala la CIDH.
Alternativas para desestructurar la subordinación
Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas, destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la subordinación de las mujeres.
En opinión de la guatemalteca Alma Odeth Chacón, de la Organización de Mujeres Tierra Viva, hay que abordar esta problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes.
Marta Godínez, de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, propone “establecer diálogos entre mujeres, niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”.
Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta Godínez.
La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda, “garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en los distintos niveles etarios”.
De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos anticonceptivos, entre otros aspectos”.
Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres, “dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el embarazo y su paternidad”, afirma Nazly Mulford, Directora Técnica del Centro de Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia.
Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no se limiten a compartir información sobre enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opina la doctora Penagos, quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no, con quién y con qué medidas de protección.
Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina.
Por: Rosalinda Hernández Alarcón, Sandra Valoyes Villa y Miriam Bobadilla / Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas