León, Gto. Para la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, el diputado Juan Carlos Muñoz no es un servidor público sujeto a investigaciones y posteriores recomendaciones, al realizar funciones legislativas y no administrativas, por lo que desestimó la denuncia que presentó en su contra una reportera por acoso.
El pasado 6 de abril del 2017 el diputado panista Juan Carlos Muñoz acosó a la reportera Carmen Pizano López, al tratar de evadir un cuestionamiento directo sobre el conato de bronca que protagonizó con su compañero de bancada, Guillermo Aguirre, lo que motivó que la reportera de Zona Franca acudiera al organismo a presentar una queja.
Ocho meses después, en vísperas de la temporada vacacional decembrina, la Procuraduría resolvió emitir una resolución de NO recomendación, al declararse incompetente porque las acciones de Juan Carlos Muñoz las hizo como legislador.
La Procuraduría manifestó que “una vez planteados los hechos, en primera instancia se estima que esta Procuraduría no tiene competencia para conocer formalmente del hecho denunciado, toda vez que no encuadra dentro del supuesto de la norma constitucional establecida en el apartado B del artículo 102 de la Ley fundamental, que refiere expresamente que los organismos públicos protectores de derechos humanos tienen atribuciones única y exclusivamente para conocer sobre quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”.
Sin embargo, el organismo que dirige Raúl Montero de Alba emitió una resolución, contradiciendo el argumento de que no tiene competencia para conocer del asunto.
Además, agrega que es la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato la que precisa las responsabilidades en la actuación de los funcionarios que pertenecen a ese Poder, en los artículos 23 y 40.
“En este orden de ideas, en el caso particular, no se actualiza la presencia de un acto u omisión de naturaleza administrativa, toda vez que el funcionario señalado como responsable realiza actos formal y materialmente legislativos…”
Por ello, este miércoles la reportera presentó un recurso de impugnación evidenciando las contradicciones del organismo estatal por primero, declararse incompetente, pero luego resolviendo con una no recomendación.
En los documentos que integran la impugnación, que tendrá que ser dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atraiga el caso, se expone que desde la oficina del procurador Raúl Montero de Alba no se vela por la protección de las personas que ejercen el periodismo en Guanajuato.
“Si la labor principal de los organismos que se dicen garantes de los derechos humanos, como se supone que debe serlo la PDHG, no está para velar por los derechos fundamentales y más a partir de considerar a los periodistas como un sector vulnerable, entonces su existencia es meramente cosmética”, se destaca en la denuncia.
En los documentos que tendrán que ser enviados por la Procuraduría Estatal a la Comisión Nacional se hace referencias a recomendaciones emitidas por la propia CNDH para la protección de periodistas.
Es de destacar que en la resolución emitida por Derechos Humanos el diputado no niega los actos ni los dichos, pero otro de los argumentos para la no recomendación fue que Muñoz Márquez se había disculpado con la reportera.
Incluso, en la declaración que hace ante la Procuraduría una colaboradora de comunicación social del grupo parlamentario, hace referencia que después de disculparse con Carmen Pizano, el diputado le dijo que estaba “shokeado, se molestó porque le agarré una mejilla y le dije chiquita”.
Entre los datos de prueba que presentaron a la Procuraduría de Derechos Humanos personal de la bancada panista en el Congreso local, se encuentra un video que fue proporcionado por la Secretaría General del Congreso, momentos antes de la entrevista.
Zona Franca
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