La diputada por el Distrito X del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Hilda Angélica Falliner Silva, exhortó al Tribunal Superior de Justicia a que se transparenten los resultados obtenidos, así como el procedimiento empleado en los exámenes de jueces y magistrados aspirantes a las Salas Familiares, Civiles y Penales.
El pasado 9, 10 y 11 de mayo del presente año, los aspirantes a las mencionadas salas del Poder Judicial, se sometieron a pruebas para convertirse en jueces y magistrados, y en lo que destacó la colaboración de la Universidad Iberoamericana, quien elaboró dichos documentos.
“Una vez más, la credibilidad del Poder Judicial se encuentra en entredicho, como lo ha estado desde hace más de un año debido a que se observan situaciones irregulares que sirven como escenario dudoso frente a una ciudadanía que está sedienta de pronta respuesta a las promesas de gobernabilidad impecable que la actual administración manejó en campaña y que, lejos de verse logradas, se opacan cada vez más”, dijo la legisladora.
En este sentido, mencionó que existen sospechas en relación a la presunta injerencia de la Consejera Luz Estela Castro, quien forma parte del Consejo de la Judicatura por designación del Gobernador Javier Corral Jurado, y que en reciente ocasión, fue señalada de manera contundente por intervenir en el proceso de elección de 40 jueces.
“El Consejo de la Judicatura tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial. Por lo que debe velar porque sea respetada la trayectoria de los jueces cuya experiencia y desempeño los dotan de credibilidad frente al pueblo, así como estar a la vigilia de que toda selección de aspirantes goce de una rigurosa y estricta transparencia con el ánimo de que la administración de justicia sea impecable”, añadió Falliner Silva.
Señaló que debe de reflexionarse: el hecho de que personas con años de experiencia hayan quedado en el examen con un nivel “no aceptable”; la posible irritación que pudiera haberse causado porque desde abril pasado el poder de la Consejera en mención, se debilitó, ya que la Suprema Corte de Justicia invalidó una serie de atribuciones relacionadas con presupuesto, con la disminución de integrantes del Tribunal y la eliminación de que las decisiones del Consejo serían inatacables.
Determinó que es necesario que se justifique la aplicación del examen y su elaboración por la Universidad Iberoamericana, ya que no se le dio dicha encomienda al Instituto de Formación y Actualización Judicial al que sería lógico que le tocara esta función.
Así mismo, concretó que el contenido del temario, fue sumamente extenso y de gran alcance bibliográfico como si se tratara de algo previamente pensado para constituir un obstáculo a los aspirantes.
“Jesús Joaquín Sotelo Mesta, Consejero designado por este Congreso, dentro del ámbito de su competencia, tenga a bien brindar el apoyo necesario para que se disipen todas las dudas que se han generado con esta controversia: la justificación de que se haya elaborado el examen en dichos términos, ¿cómo se llevaron a cabo las negociaciones con la Institución mencionada, quién las presidió y autorizó la creación de este examen?”, concluyó.
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