Chihuahua, Chih.- El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe "Desde la memoria... la esperanza. Recuento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto" de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos Para Todos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones de 27 estados del país.
En el informe se registran los asesinatos de 159 personas defensoras de derechos humanos y de 47 periodistas con perspectiva de derechos humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2018. Entre los homicidios documentados se encuentran los de la periodista Miroslava Breach y el defensor Julián Carrillo. De acuerdo con información de esta red, Chihuahua es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la segunda en el país con mayor número de periodistas asesinados.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, recordó que durante este sexenio ya han sido asesinadas siete personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se encuentran Sinar Corzo y Samir Flores, defensores que ofrecieron una lucha legítima por la búsqueda de justicia y dignidad, para cambiar las condiciones en las que se instauran megaproyectos de infraestructura. En este sentido, mencionó que los megaproyectos no pueden ser validados mediante consultas no estandarizadas y que, antes de su implementación, se deben considerar las voces de los pueblos indígenas.
Para la realización de este informe, indicó que se consultó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre los 159 casos de asesinatos documentados, pero se encontraron con una “falta de transparencia sistemática”, que no evidencia el contexto en el que ocurren estos homicidios. Señaló también la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un trabajo más eficaz en la materia, ya que sólo reconoce a 34 personas asesinadas entre los años 2000 y 2015.
Externó su preocupación por la falta de funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y señaló que “al día de hoy, no ha habido interlocución con Aarón Mastache, coordinador del Mecanismo”.
En su intervención, Gabino Gómez, coordinador del área de personas defensoras de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), señaló que Chihuahua es la entidad con la mayor cantidad de medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que en junio de 2017 se aprobó el Plan de Contingencia para abordar la grave situación de derechos humanos en que las personas defensoras desarrollan su labor, pero que no ha habido avances significativos en la materia.
Agregó que se tiene registro de un total de 29 asesinatos de personas defensoras ocurridos desde el año 2008, todos los cuales se encuentran en impunidad, salvo por los casos de Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. Sobre el caso de Isidro, esta semana se emitió una sentencia para el asesino material mientras que, para el caso de Julián, en el mes de enero se realizó la vinculación a proceso de dos imputados.
Sobre el reciente debate sobre la creación de la Guardia Nacional, recordó que en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el mantenimiento del orden público interno debe estar primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente participen en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Por lo que reiteró el llamamiento de la sociedad civil para que estas recomendaciones sean consideradas.
Por otra parte, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), rescató que la gran mayoría de las personas asesinadas de las que el informe hace un registro, fueron defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Señaló que de los 17 asesinatos documentados en el estado de Chihuahua, 11 se concentran en las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Lamentó que pese a lo anterior, los gobiernos federal y estatal continúen promoviendo modelos de desarrollo extractivistas para la explotación forestal y minera en la Sierra Tarahumara.
Agregó que la vulnerabilidad existente en la región acentúa las condiciones de aislamiento, inseguridad y violencia para los defensores de la tierra y derechos humanos. El nivel de marginación y el distanciamiento físico de las comunidades más alejadas, dificultan el acceso a la seguridad y justicia ante la presencia de amenazas. Ante un hecho violento, señaló, un policía tardaría hasta siete horas en poder desplazarse hasta Choréachi o Coloradas de la Virgen. Añadió que la región se encuentra constantemente amenazada por la actividad extractivista, los históricos cacicazgos mestizos y la intervención del crimen organizado.
Recordó los casos emblemáticos de Juan Ontiveros, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. El primero, beneficiario de las medidas colectivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió para su comunidad, Choréachi; el segundo, reconocido internacionalmente y ganador del Premio Goldman; el tercero, beneficiario del Mecanismo de Protección.
Sobre Julián Carrillo mencionó que “todos los incidentes de seguridad que tuvo Julián, nos indican que la Fiscalía General del Estado por ningún motivo debe abandonar la línea de investigación que vincula su asesinato a su actividad como defensor de la tierra y territorio”.
Por su parte, Juan José Villagómez, representante de la Casa del Migrante Saltillo, destacó que el informe de la Red TDT es también “una garantía de que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no estamos solos”. Destacó que las personas de las que rinde cuenta el informe “son semilla para el trabajo que seguimos haciendo” y que “seguiremos en la búsqueda de seguridad y protección para el desempeño de nuestras labores”.
En relación a las recientes descalificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo hacia la sociedad civil, Fernando Ríos mencionó que “negar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la mediación tan importante que se hace desde el tercer sector, es denostar la labor en favor de los derechos humanos”.
Referente a lo dicho por AMLO, sobre terminar con el apoyo para las OSC, “porque no están libres de intereses empresariales de raíz conservadora”, Gabino Gómez señaló como preocupantes estas generalizaciones, ya que crean un ambiente propicio para acusar y atentar contra las OSC y las personas defensoras de derechos humanos.
En este mismo sentido, Isela González, de ASMAC; Gabino Gómez, de El Barzón y CEDEHM; Juan José Villagómez, de la Casa del Migrante Saltillo; Javier Ávila y Felipe Ruiz, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC); María Eugenia Arriaga, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Diana Villalobos, de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), señalaron que las organizaciones a las cuales pertenecen no reciben financiamiento por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno y que continuarán con su labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Al respecto, Fernando Ríos señaló que hay algunas asociaciones civiles que sí cuentan con financiamiento público, aunque mínimo en realidad, y que sería una lástima que lo dicho por el presidente se concretara, puesto que muchos proyectos realizados para beneficio de los más pobres se verían truncados. Por su parte, Ruth Fierro, coordinadora del CEDEHM, señaló que muchas de las organizaciones de derechos humanos, lejos de recibir financiamiento por parte de Gobierno, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones públicas, por ejemplo, mediante labores de capacitación para las y los funcionarios.
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