Chihuahua, Chih.- Este martes se emitió el fallo judicial en el caso del asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Isidro Baldenegro López, en el que el acusado Romeo Q. M. fue encontrado culpable por el delito de homicidio simple, aun cuando la acusación fue por homicidio calificado, según lo estableció el juez Juan Javier Cornejo Paez.
La condena se determinará en una posterior audiencia de individualización de sanciones, que tendrá lugar el 19 de febrero.
El asesinato de Isidro Baldenegro, ocurrido el 15 de enero de 2017, es el primer caso de un defensor de derechos humanos que logra judicializarse en el estado de Chihuahua y para el que se ha emitido una sentencia condenatoria, de una lista de por lo menos 36 personas defensoras que han sido asesinadas en la entidad desde 1973. De estos homicidios, 14 han sido de personas vinculadas a la defensa del territorio y recursos naturales en Coloradas de la Virgen, sin considerar los crímenes perpetrados contra sus familiares.
Así lo consignaron a través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la asociación civil Alianza Sierra Madre, que agregaron que al ser Chihuahua la entidad con el mayor número de asesinatos de activistas a nivel nacional, el fallo judicial en el caso de Isidro Baldenegro es relevante en el marco del combate a la impunidad y constituye una primera respuesta ante la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para su familia y para su comunidad.
En el juicio quedó demostrado que el 15 de enero de 2017, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, sección Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Isidro llegó de visita a casa de sus tíos, donde ya se encontraba su agresor, quien le solicitó salir del domicilio y, por causas que se desconocen, le disparó en cuatro ocasiones, hiriéndolo en el tórax y abdomen. El agresor huyó después de apuntar a por lo menos dos de los familiares de Isidro que se encontraban ahí. La muerte de Isidro ocurrió horas después a consecuencia a las heridas recibidas.
Isidro Baldenegro fue un activista rarámuri que dedicó su vida a luchar por la preservación de los bosques de la Sierra Tarahumara frente a la tala ilegal cometida por el sector privado en complicidad con el crimen organizado, como él mismo denunció en reiteradas ocasiones. Su actividad ecologista y de defensa pacífica de los bosques le llevó a ser reconocido internacionalmente cuando, en el año 2005, fue condecorado con el prestigioso Premio Goldman, máximo galardón otorgado a las personas defensoras del medio ambiente
Su asesinato fue condenado a nivel nacional e internacional. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, enfatizó que la muerte de Isidro significaba “un doloroso vacío no solo en su comunidad, sino en el movimiento global de los derechos humanos” y señaló el hecho como “un trágico recordatorio de los peligros y riesgos que enfrentan las defensoras y defensores indígenas en Chihuahua”.
Por su parte, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos (Red TDT), llamó al Estado mexicano a “evitar la impunidad en este suceso y garantizar las medidas de no repetición”, así como a esclarecer los hechos hasta llegar “no sólo a los asesinos materiales sino a los autores intelectuales del mismo”.
Por otro lado, Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, calificó el asesinato de Isidro como una “trágica ilustración de los muchos peligros que sufren los que dedican su vida a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para los activistas” y resaltó la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano investigara el crimen.
Se espera que las autoridades hagan lo propio para garantizar justicia en el resto de los homicidios de defensoras y defensores que todavía se encuentran en impunidad, mediante investigaciones exhaustivas, efectivas e imparciales, con el objetivo de que los responsables sean juzgados ante las autoridades competentes y les sean aplicadas las sanciones correspondientes previstas por la ley.
El más reciente de estos casos es el de Julián Carrillo, defensor rarámuri asesinado en octubre de 2018, cuyos presuntos asesinos materiales fueron capturados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el pasado 26 de enero. Julián Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2014. Integrantes de su familia, incluido su hijo, fueron asesinados con anterioridad por el desempeño de actividades relacionadas a la defensa del territorio en Coloradas de la Virgen. El homicidio de Julián ocurrió semanas después de que se denunciara la existencia de una concesión minera a tres particulares en dicha comunidad.
Por ello, se hace un llamado a que las autoridades demuestren su voluntad política e implementen las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos los defensores y defensoras de derechos humanos de la entidad, así como de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, cuyos integrantes viven en un entorno de inseguridad y violencia dominado por el asecho de un cacicazgo histórico y del crimen organizado.
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