Por Carolina Gómez Vinales.- El COVID-19 nos ha aportado mucha información epidemiológica, administrativa, política y económica. Nos ha obligado a permanecer en casa con los hijos y tener que convivir en familia más tiempo del que los tiempos modernos nos tienen acostumbrados. Hemos tenido que aprender a administrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero y nuestra paciencia.
El maltrato dentro del entorno familiar es muy común en nuestro país. Quiero afirmar que la violencia es un problema de salud pública, dada su extensión, magnitud y consecuencias y afecta de manera desproporcionada a las mujeres, a los niños y a los adolescentes. La violencia constituye un indicador de salud pública de una sociedad. Según la OMS, se define a la violencia como “el uso intencional de la fuerza o poder físicos, amenazante o real, en contra de uno mismo, de otra persona o en contra de un grupo o comunidad, que resulte en heridas, muerte o daño sicológico, disfunciones o privaciones”.
Cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre de otro, de manera repetitiva es considerado violencia. Ello incluye maltrato físico o sicológico. En este distanciamiento social, al que nos ha sometido el COVID-19, la convivencia familiar es un tema delicado para algunas familias. El hacinamiento, el impacto económico familiar y la propia personalidad de los integrantes de la familia son factores que pudieran derivar en situaciones de riesgo durante esta emergencia sanitaria.
Hace unos días leí que organizaciones alemanas advertían sobre un posible aumento en los casos de abusos infantiles y violencia doméstica, después de que Angela Merkel pidió a su población mantenerse en casa. Para muchos niños, la escuela es un lugar para aprender. Para otros, expuestos a situaciones inseguras o abusos en su entorno, es un sitio seguro. Según datos oficiales, en Alemania hubo 4 mil casos de abuso infantil en 2018. La cifra de abusos sexuales infantiles en ese país fue: 14 mil. En México, cada año más de 4 millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual, país que según la OCDE tiene el primer lugar mundial en estos delitos.
De acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano de la CDMX, los principales agresores sexuales de los niños son familiares, luego maestros y después sacerdotes: 30% abuelos o padrastros; 13%, tíos; 11%, padres biológicos; 10%, primos; 8%, vecinos; 7%, maestros, y 3%, hermanos. A pesar de estar en este lastimoso primer lugar, México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, ya que sólo uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
La violencia de género en estas semanas ha tenido el mismo patrón. Para muchas mujeres su propio hogar no es un lugar seguro. Según las autoridades sanitarias, el distanciamiento social es la forma más eficaz para reducir el número de contagios de COVID-19, que hasta el 24 de marzo afectaba a más de 400 mil personas en más de 160 países. Sin embargo, este confinamiento también está dejando en evidencia otra realidad: la de las mujeres que sufren violencia y durante estos días tienen que estar encerradas con su agresor.
ONU Mujeres alertó en un informe que en este contexto de emergencia aumenta la violencia doméstica contra mujeres y niñas debido a las tensiones en el hogar. En muchos casos, las mujeres no pueden salir o no pueden llamar por teléfono de forma segura para alertar a las autoridades de su situación. No obstante, la Secretaría de Salud Federal anunció el jueves pasado que a través del número telefónico 911 se atenderá a las mujeres que sufren violencia de género.
Pero, en un país donde 10 mujeres son asesinadas diariamente se requiere de un plan de contingencia más enérgico para controlar y minimizar estos riesgos desde un enfoque de derechos humanos. La directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva invitó, también, a quienes sean testigos de abusos o de este tipo de maltratos a reportarlo al número de emergencias a fin de asistir a las familias afectadas. El análisis de la violencia debe partir de la base de que se trata de un fenómeno predecible y, por lo tanto, prevenible.
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