Chihuahua, Chih.- El pasado 13 y 18 de mayo, el juez Arturo Alberto González Ferreiro del Segundo Distrito de Chihuahua resolvió una suspensión en beneficio de la población migrante y sujeta de protección internacional, requiriéndole al gobernador del Estado Javier Corral, que se haga un censo de las personas migranes que se encuentren en la entidad y necesiten protección internacional.
Esto, como resultado del amparo promovido (570/2020) el 12 de mayo, en el que se le solicitaba establecer estándares mínimos de protección ante la pandemia del COVID19 para las personas expulsadas de Estados Unidos a México en el marco de la implementación de la nota informativa número 11 emitida por la Cancillería mexicana el 21 de marzo de 2020.
De acuerdo con un comunicado del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), en la resolución se ordena al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras autoridades, que dicten medidas y emitan protocolos que beneficien los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional en México, y aunque el gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral, no fue demandado en el juicio, el juez consideró necesario requerirle información.
El juez estableció tres medidas cautelares centrales: al presidente de México, destinar recursos federales para la atención y protección de las personas migrantes ante la crisis sanitaria por coronavirus; al Consejo de Salubridad General y otras autoridades, emitir protocolos para la internación de personas expulsadas desde Estados Unidos y dictar medidas generales en beneficio de la población migrante a fin de contener el contagio del COVID19 en Chihuahua; y al Consejo Estatal de Población en Chihuahua y al gobernador Corral, a identificar a las personas con necesidades de protección internacional que se encuentran en esa demarcación con el fin de contar con datos desagregados por nacionalidad, edad y sexo.
En el juicio de amparo promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción, y el IMUMI han sido demandados en total el Consejo de Salubridad General, el presidente de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud de Baja California, en su calidad de vocal del Consejo de Salubridad General de México y representante de la región noroeste.
La decisión llama a una coordinación entre el gobierno federal y estatal con el fin de establecer acciones concertadas que protejan la salud de la población migrante, solicitante de asilo y sujeta de protección internacional, así como de la población chihuahuense, quienes son receptoras de los retornos impuestos por el gobierno estadounidense y avalados por el gobierno mexicano.
Se destaca que el gobierno de México tiene que darse cuenta que al acceder a las expulsiones que está haciendo Estados Unidos, viola los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que recibe de ese país, y es su responsabilidad brindarles protección en México, acceso a un debido proceso y a la salud, así como una estancia por razones humanitarias en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19.
Esta resolución se suma a las que ya han emitido jueces de Baja California y la Ciudad de México dirigidas a proteger la salud de la población migrante en el país, independientemente de su estatus migratorio, ya que ninguna medida para combatir el coronavirus en México será efectiva si no se toma en cuenta a toda la población, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional.
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