Chihuahua, Chih.- Al cumplirse dos años del asesinato del activista medioambiental Julián Carrillo Martínez en Coloradas de la Virgen, en Guadalupe y Calvo, organizaciones civiles entregaron al gobernador del Estado Javier Corral más de 60 mil firmas para que se informe sobre las investigaciones que se han realizado al respecto, toda vez que fue asesinado pese a que formaba parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que obligaba a autoridades estatales y federales a su protección.
Antes de morir, junto con otras personas integrantes de su comunidad Carrillo había denunciado públicamente el despojo del bosque y concesiones mineras en sus tierras ancestrales, pero sus denuncias nunca fueron atendidas y fue asesinado el 24 de octubre de 2018.
En rueda de prensa virtual, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, AI, Erika Guevara Rosas, dijo que los casos como los de Julián dejan patente “la falta de atención a las causas estructurales por parte de los estados que generan este problema de violencia, además de la falta de voluntad política por parte de los gobiernos para proteger a los defensores de los territorios ancestrales”.
De la organización Alianza Sierra Madre su directora Isela González dijo que los asesinatos de activistas se realizan “con la complacencia de las autoridades federales, ambientales y territoriales que son de ámbito federal y nosotros como organización, no dejaremos de insistir en que se voltee a ver a esas causas estructurales”.
Destacó que el activista medioambiental Isidro Baldenegro también ocurrió en la misma comunidad de Coloradas de la Virgen, lo que se suma a los más de 80 defensores de los territorios ancestrales que han sido asesinados desde hace ocho años y hasta marzo de este año.
Por su parte, la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México Tania Renaum Panszi, dijo que este miércoles “se entregaron más de 61 mil firmas de alrededor del mundo de varios miles de activistas que se han solidarizado en la búsqueda de justicia para Julián que estaba bajo el mecanismo y ya desde entonces se le solicitaba que se mejoraran sus procesos y ahora tras la extinción del fideicomiso, preguntamos cómo será ese proceso”.
Explicó además que el gobernador Corral hizo dos compromisos “una vez que le entregamos estas firmas se ha comprometido a rendir un informe pormenorizado de qué se ha hecho en estos dos años desde el crimen, y a continuar con las reuniones con las organizaciones, y tendremos otra probablemente a inicios de año, para conocer cuáles serán los siguientes pasos sobre todo en el marco del cambio de administración estatal”.
Al preguntárseles si el peso de Amnistía Internacional había pesado a su vez para ser recibidas por el gobernador, González dijo “no sabemos si fue el peso de AI o fue el peso del homicidio de Julián porque era beneficiario del mecanismo y ambos niveles estaban obligados a protegerlo, no sabemos si fue la presión de tener a la familia ya con dos años de desplazamiento, el hecho es que se dio y nos indica a las organizaciones civiles pequeñas que nuestra estrategia de tener alianzas con organizaciones más grandes surte su efecto”.
Renaum Panszi coincidió en que “quizá se aceptó la reunión por ello, pero a veces AI no tiene la misma suerte en todos los casos sino que confluyen diversos elementos. Sin embargo, AI no concibe su trabajo sin las organizaciones y sin el respeto a quienes están todo el tiempo con las víctimas y después la fuerza la hacemos todas juntas”.
Dijo que el caso se ha seguido desde hace dos años y se les avisó a las autoridades locales de inmediato, y desde antes ya se habían reunido con el gobernador “no es que ahora de pronto lo decidimos, sino que se tiene un trabajo previo”, a lo que González respaldó “AI ha estado presente desde antes del asesinato de Julián, incluso la última vez que yo lo vi estuvieron dos integrantes de AI”.
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