Chihuahua, Chih.- El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado Miguel Ángel Colunga Martínez, consideró que los cambios que se realizan en la estructura de la Fiscalía General del Estado, revierten los avances institucionales de la lucha de las mujeres a través de los Centros de Justicia para las Mujeres.
Esto, debido a que la iniciativa de reordenamiento administrativo presentada por la gobernadora electa María Eugenia Campos Galván, colocará a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), bajo el encargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Atención a la Familia.
El diputado explicó que por los cambios sociales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, existe la obligación de México en el ámbito internacional para enfocar esfuerzos especializados para la atención de la violencia contra la mujer por razones de género.
“Es una obligación del estado para lograr una atención especializada a las mujeres, una investigación diligente de los casos, para que la mujer no sufra al acudir a los ámbitos de procuración de justicia, y sufran un nuevo maltrato al someterse a procedimientos lentos y agobiantes donde se exige demostrar el maltrato, además de que se le coloca como responsable de los mismos”, indicó el diputado.
En este sentido, consideró que ampliar el enfoque de “atención a la familia”, implica un retroceso porque diluye la especialización y desvía los esfuerzos específicos al combate a la violencia en contra de las mujeres, además de representar un desconocimiento de la lucha histórica de las mujeres en Chihuahua.
Recordó que los centros de justicia para las mujeres son una política pública en todo el país y que son reconocidos como una prioridad por el centro nacional de prevención y participación ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que demuestra que es una tendencia nacional el fortalecimiento institucional para reconocer y otorgar una mayor gestión, autonomía técnica, administrativa, presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propio, así como que sea una órgano descentralizado para contar con el nivel de secretaría, por lo que solicitó que se modificara el dictamen para incluir esta postura del Movimiento Estatal de Mujer, que fue rechazado por la mayoría.
La diputada Janet Mendoza Berber presentó una reserva en este sentido, al señalar que el agregar el concepto de “la familia” a la fiscalía especializada en atención a la mujer, diluye el trabajo ahí realizado, mientras que el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson agregó que esto advierte que el próximo gobierno estatal operará con un carácter antiderechos que afectará más las labores en el tema de feminicidios.
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