Chihuahua, Chih. Los diputados de Morena en el Congreso del Estado presentaron hoy un proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de Desplazamiento Forzado de Personas, estableciendo penas desde 7 hasta 30 años de prisión.
Ante la ausencia de una legislación en la materia, el diputado Benjamín Carrera Chávez manifestó la necesidad de que este delito se establezca en el Código Penal, debido el alarmante número de casos que se registran en la entidad desde décadas atrás.
Dijo que Chihuahua es uno de los 12 estados en los que más personas han sido afectadas por el desplazamiento forzado, y en el 90 por ciento de los casos la violencia fue la causa directa.
Explicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) ha documentado desde 2017 el desplazamiento de por lo menos 410 personas provenientes de la Sierra Tarahumara, cifra que aumentó el pasado mes de junio tras la celebración de los comicios electorales, lo que avivó los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, provocando que tan solo en el municipio de Guadalupe y Calvo más de 200 personas fueran ilegalmente desplazadas.
La CEAVE tiene registro de desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi, además de que organizaciones no gubernamentales incluyen también a los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna en la alta incidencia de casos, agregó.
Este problema ha sido reconocido por parte de organismos derechohumanistas no solo a nivel local sino a nivel internacional, y se han generado recomendaciones que han visibilizado el problema, y han promovido acciones que resultan en la intención de defensa. No obstante, los casos han ido en aumento y el problema persiste.
“Es necesario tomar el tema del desplazamiento forzado como un gran pendiente, cuya atención no debemos postergar, no podemos ser omisos”, manifestó el legislador, quien invitó a las distintas fuerzas políticas en el Congreso para impulsar una ley estatal que atienda esta problemática.
La propuesta es agregar todo un capítulo al título 12 del Código referente a los delitos contra la paz, la seguridad de las personas y la inviolabilidad del domicilio, para establecer que a quien a través de la violencia generalizada o de la generación de un conflicto armado, mediante cualquier tipo de acto ilícito provoque de manera forzada el desplazamiento de persona alguna que implique el abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual, será sancionado con 7 a 30 años de prisión.
Si el desplazamiento es causado por dos o más personas, además de la pena señalada en el párrafo anterior, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan los medios necesarios para el desplazamiento forzado, de uno a seis años de prisión.
Si el desplazamiento forzado afecta derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, de una persona adulta mayor o cualquiera que se encuentre en estado de vulnerabilidad, las penas a imponer se incrementarán hasta en una mitad, y también aplica en el caso de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Además, los servidores de la administración pública estatal o municipal que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas contravengan las disposiciones establecidas en el presente capítulo, serán sancionados de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
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