Por Cecilia Soto.- El juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida José E. Martínez negó hace unos días el habeas corpus tramitado por la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y eliminó así el último obstáculo para su extradición a México. Su caso es de suma importancia, pues probará si en nuestro país es posible castigar con rigor la corrupción o si ésta, como la hidra de mil cabezas, se multiplica alimentada por la impunidad.
Aunque se trata de un caso del fuero estatal de Chihuahua, en realidad tiene importancia nacional por muchas razones. Una de ellas, saber si una herramienta jurídica, como los llamados Criterios de Oportunidad, resultado de la reforma al artículo 21 Constitucional, puede ser usada para un combate efectivo a la corrupción o se ha pervertido. Contrasta con el caso de Emilio Lozoya y Odebrecht, y el uso de criterios de oportunidad que le permitieron permanecer en libertad dos años y culpar sin prueba alguna a enemigos del actual gobierno. Impacta también en el debate desatado por las acusaciones entre el exconsejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer, la senadora Olga Sánchez Cordero y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, cuando se reveló que en casos de relevancia política, los criterios de oportunidad se negociaban al son de ofertas de millones de dólares o euros para atender el criterio estrecho de reparación del daño (como fue en el caso de Alonso Ancira, dueño de AHMSA).
Más aún, el trato que se le dé al caso de César Duarte dará una señal de si las entidades federativas, más ligeras que la Federación, pueden explorar y experimentar nuevos caminos para garantizar mejor justicia a sus ciudadanos, combate más efectivo contra la corrupción y, por tanto, pueden desencadenar un sano proceso de competencia con otras entidades y con la Federación. Durante los últimos tres años del gobierno de Javier Corral, la Fiscalía General del estado fue considerada por la organización Impunidad Cero, que analizó ocho indicadores y 23 variables, la mejor y más eficiente del país. Pero a unos cuantos meses de la llegada del nuevo gobierno estatal, los méritos que permitieron armar un caso sólido en el que se fundó la exitosa solicitud de extradición de César Duarte, se quieren presentar como posibles delitos. El actual fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, recibe denuncias por tortura contra el exgobernador Javier Corral, que buscan allanar el camino a la libertad a César Duarte. Súbitamente, los testigos de la participación del exgobernador Duarte en actos delincuenciales han “recordado” que los testimonios que dieron fueron producto de “intimidaciones” por parte de los fiscales, con todo y que fueron rendidos en un juicio oral y público frente a un Tribunal. En efecto, la criminalización de la lucha anticorrupción como ruta a la impunidad.
La FGR otorgó criterios de oportunidad a Emilio Lozoya para seguir en prisión domiciliaria su proceso y permanecer prácticamente libre durante dos años, sin más requisito que inculpar a adversarios del Presidente, como Ricardo Anaya, y denunciar un complot en torno a la reforma energética de diciembre de 2013, sin presentar más pruebas que su verborrea. El Ministerio Público de Chihuahua no fundó sus investigaciones en contra del exgobernador Duarte en los meros dichos de los testigos que se acogieron al criterio de oportunidad y que ahora se retractan inventando supuestas torturas psicológicas, sino en pruebas sólidas, documentadas meticulosamente. Rastreo de dinero, depósitos en cuentas, compras de bienes, puestos a nombre propio o de parientes, identificación de contrataciones públicas simuladas y facturaciones falsas, peritajes financieros, etcétera.
El artículo 256, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se otorgarán criterios de oportunidad en el caso de colaboración: “Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave que el que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio” y los Criterios de aplicación de la Fiscalía de Chihuahua (30/nov/2017) agregan que sólo se otorgará este beneficio si la información:
a. Es esencial, en la medida que aporte elementos de prueba, los cuales se desconocían previamente o si se conocían, permitan corroborar la existencia del hecho delictivo (…).
b. Es eficaz en la medida que tenga pertinencia sustancial, ya sea para esclarecer el hecho investigado u otros conexos (…).
c. Es corroborable en la medida en que guarde coherencia armónica con los elementos de prueba conocidos o cognoscibles (…).
Otro hecho que sugiere que en Chihuahua se prepara el camino para recibir con mariachis a César Duarte es el nombramiento de la magistrada Myriam Hernández Acosta como presidenta del Tribunal Superior Judicial del Estado, TSJE. Según reveló la revista Proceso del 05/XII/2021, la entonces magistrada declaró a favor de César Duarte y en contra de la solicitud de extradición interpuesta por el gobierno federal en el juicio que se le seguía en Miami. El TSJE está integrado por 28 magistrados, el más numeroso del país, 13 de ellos nombrados por el ex gobernador Duarte, incluida su ahora Presidente. ¿Habrá justicia para Chihuahua o se premiará nuevamente el saqueo, la impunidad y el desprecio a los más humildes?
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