Chihuahua, Chih.- Con argumentos esgrimidos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la no discriminación hacia el aborto voluntario, la diputada de Morena Leticia Ortega presentó este jueves una iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas, así como disminuir las penas vigentes establecidas en la ley actual.
La iniciativa está firmada además de los diputados de Morena por la diputada del Partido del Trabajo Deyanira Ozaeta y de Movimiento Ciudadano Ilse América García, y presentada mientras afuera del Congreso se encontraron grupos en contra con pañuelos azules e imágenes religiosas, y a favor con pañuelos verdes.
En el largo documento, la diputada dijo “todos y todas estamos a favor de la vida, lo único es que algunos estamos a favor de que en la vida de las mujeres se respete sus decisiones y puedan autodeterminarse respecto a su vida y futuro”.
Parte de lo que pide la iniciativa busca sustituir el término “muerte” por “interrupción”, por ser el término médico; reducir la sanción para quien provoca un aborto una vez transcurridas las 12 semanas a solicitud de la mujer embarazada o persona gestante, replicando la pena más baja contemplada en el compendio nacional en materia de aborto, y la pena de prisión puede ser sustituida por multa (un día multa por cada día de prisión), y a su vez, la multa puede conmutarse por trabajo a la comunidad.
También se especifica que el delito de aborto (voluntario) únicamente se sancionará cuando se haya consumado, por lo que la tentativa no podría perseguirse ni sancionarse; se separan los delitos de aborto (voluntario) y aborto forzado en dos tipos penales distintos y se tipifica el delito de “aborto forzado” como la interrupción de un embarazo sin el consentimiento o en contra de la voluntad de la mujer embarazada; se reduce la sanción para la mujer embarazada o persona gestante que se procure su propio aborto, una vez transcurridas las primeras 12 semanas de gestación.
También se adiciona como la causal de exclusión de responsabilidad penal las “malformaciones genéticas o congénitas” para interrumpir legalmente un embarazo, cuando alguna autoridad le hubiese negado el acceso a un aborto legal y seguro a una mujer embarazada cuando tenía derecho a ello.
En el texto, sí se señala que el “reconocimiento del derecho a elegir y la consecuente despenalización de la interrupción del embarazo, tienen la pretensión de eliminar la posibilidad de que exista una discriminación basada en género en materia de maternidad y derechos reproductivos, y se trata de reconocer que la mujer y las personas con capacidad de gestar pueden desplegar estos derechos desde sus propias características”.
También se detalla que se busca eliminar el plazo para interrumpir un embarazo resultado de una violación sexual, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que imponer un límite gestacional es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos de las víctimas.
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