Chihuahua, Chih.- Luego de los lamentables hechos registrados el pasado 5 de marzo en el estadio “La Corregidora” en la ciudad de Querétaro, donde las aficiones más radicales protagonizaron un enfrentamiento a golpes que desató una violencia extrema y dejó decenas de lesionados, el diputado Óscar Avitia Arellanes propuso ampliar la actuación de las autoridades y vigilar a los asistentes a este tipo de eventos.
Manifestó su repudio a estos actos de barbarie que dieron la vuelta al mundo, donde dos aficiones convirtieron un evento deportivo y familiar en un campo de batalla que dejó como saldo a decenas de heridos inconscientes y cuerpos inertes, así como puso en riesgo a miles de familias que acudieron al evento.
“No puedo evitar pensar en los miles de personas que querían pasar un agradable momento de esparcimiento. ¿Cómo fue que pasaron de ser aficionados, familias, mujeres y niños que presenciaban pacíficamente un partido de futbol, a convertirse en testigos de verdaderas escenas de terror o en víctimas de una brutalidad desmedida?”, cuestionó el diputado.
Tras un análisis de los deplorables hechos, Avitia Arellanes presentó una iniciativa para ampliar la actuación y responsabilidad de las autoridades de los tres niveles, así como de los organizadores privados de estos eventos deportivos, a fin de prevenir que surjan conatos de bronca que puedan salirse de control.
Como presidente de la Comisión de Educación y Deporte consideró necesario también crear un padrón de los integrantes de las llamadas porras o barras, así como también la obligación de instalar cámaras y detectores de metales durante la celebración de eventos deportivos masivos.
De igual forma, llamó a capacitar a los elementos policiacos y dotarlos con el equipamiento para responder rápida y eficazmente ante cualquier evento de violencia que se suscite durante la realización de algún evento deportivo masivo.
El diputado fue enfático respecto a que no se puede delegar en los particulares ni en empresas de seguridad privadas toda la responsabilidad. Se establece la obligación expresa de las autoridades a nivel estatal y municipal para que asuman una responsabilidad principal y no subsidiaria o accesoria en lo concerniente a la seguridad y la prevención de los posibles actos de violencia en eventos deportivos.
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